SANTO DOMINGO, RD. – La querella penal interpuesta el pasado 4 de julio por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, contra la empresa DeKolor, S.R.L., su presidente Rogelio Ramón Oruña Aguilar, y su gerente general Sandra Oruña, no es un incidente aislado, sino un nuevo capítulo en un largo historial de controversias y una compleja red de presuntas irregularidades que han rodeado a esta empresa y sus socios por más de una década. Esta acción legal destapa un profundo «lío» que va más allá de un simple incumplimiento contractual, revelando acusaciones de soborno, chantaje y vínculos con figuras polémicas del ámbito público.
La querella de INTRANT: Acusaciones de soborno y chantaje
La más reciente acción del INTRANT acusa a DeKolor, S.R.L. de soborno y chantaje, detallando una «compleja trama de intentos de soborno» que incluían ofertas de hasta un millón de dólares estadounidenses y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales y la entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del INTRANT. El objetivo de estos actos era forzar la prórroga de un contrato estatal vencido para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país.
Este contrato, firmado en enero de 2020 por un período de cinco años, ya había sido modificado en tres ocasiones mediante adendas que, según las investigaciones, no fueron aprobadas por el Consejo del INTRANT. La empresa, a pesar de esto, buscaba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, recurriendo a presiones ilegales contra la actual administración.
Los hechos denunciados en la querella se califican como soborno (Ley núm. 448-06), asociación de malhechores, lavado de activos (Ley núm. 155-17), estafa contra el Estado y chantaje/extorsión electrónica, de conformidad con el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La querella está respaldada por informes técnicos internos, documentación de la Contraloría General de la República, pruebas documentales y testimonios, que apuntan a la existencia de una «estructura criminal articulada para manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos».
Un patrón de irregularidades a lo largo de los años
Desde su creación en 2004, DeKolor ha sido una figura recurrente en investigaciones por irregularidades en contrataciones estatales:
- 2015: Fue señalada por presuntamente modificar sin los debidos procesos legales contratos de emisión de licencias con el Ministerio de Obras Públicas.
- 2023: Su rol como fiadora solidaria en el fallido concurso para la mejora de la red semafórica del Gran Santo Domingo fue cuestionado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
- 2024: Se reportó que la empresa había generado alrededor de RD$4,655 millones desde 2017 por el contrato de licencias, cobrando RD$805.69 por cada licencia emitida.
Nexos polémicos: Jochy Gómez y Aquiles Jiménez
El «lío» se profundiza con los vínculos de DeKolor con figuras que también arrastran un historial de controversias:
- José Ángel “Jochy” Gómez: Documentos oficiales de la DGCP vinculan a DeKolor con Gómez, quien ha sido un nombre recurrente en acusaciones de hackeos, acceso ilegal a correos de figuras públicas y presuntos fraudes electorales.
- Gómez es investigado por la «presunta adquisición y manipulación fraudulenta» de Transcore Latam S.R.L., la empresa que ganó el anulado contrato de los semáforos inteligentes y que se ha relacionado con el «sabotaje a semáforos de la capital».
- Está implicado, junto a Hugo Beras (ex-director del INTRANT) y Pedro Padovani, en una presunta red de corrupción que habría estafado al Estado con el contrato de semáforos.
- Incluso, el Ministerio Público ha recusado a una jueza por «abierta parcialidad» a favor de Gómez, concediéndole permisos para viajar a pesar de impedimentos de salida.
- Fue señalado en 2019 por presuntamente hackear el voto automatizado del PLD.
- Aquiles Jiménez: La empresa DeKolor también ha compartido vínculos societarios con este empresario, quien está bajo investigación del Ministerio Público por estafa al Estado, desfalco, lavado de activos y sabotaje.
- Es considerado un «presunto facilitador de fondos» utilizados para «encubrir operaciones irregulares a través de cuentas bancarias, importaciones y transferencias de vehículos».
- Su casa fue allanada en relación con el caso de corrupción de los semáforos, vinculándolo directamente a Beras y Gómez.
- También ha sido sometido por difamación, y su nombre ha sido mencionado en el entorno del narcotraficante César Emilio Peralta, alias «el Abusador», aunque nunca se le presentaron cargos formales por esta conexión.
- Más recientemente, Milagros De Camps presentó una demanda contra él y otros involucrados en una campaña de difamación, que incluyó la manipulación de imágenes.
La querella del INTRANT no solo busca esclarecer las irregularidades en el contrato de licencias, sino que ilumina una compleja red de conexiones y un patrón de presunta corrupción que ha operado en torno a DeKolor y sus principales figuras, afectando diversos procesos de licitación y la confianza en las instituciones públicas. La investigación en curso promete seguir desentrañando este intrincado «lío».
