El Gobierno de Cuba anunció este miércoles una amplia apertura al capital privado en sectores considerados estratégicos de la economía, como gasolineras, farmacias, energías renovables, operaciones petroleras y mineras, en un intento por enfrentar la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
La medida se produce luego de que la Asamblea Nacional aprobara el pasado 18 de junio un paquete de 176 reformas económicas orientadas a ampliar la participación del mercado en diversas actividades productivas y de servicios.
Con esta decisión, las autoridades reducen de forma significativa el número de actividades que durante décadas permanecieron reservadas exclusivamente al Estado, marcando uno de los cambios económicos más importantes desde el establecimiento del modelo socialista de planificación centralizada.
El primer ministro Manuel Marrero informó ante el Parlamento que 110 de las medidas ya se encuentran en fase de implementación, mientras que las restantes comenzarán a aplicarse a partir de septiembre.
Como parte de los primeros avances, explicó que más de un centenar de actores económicos no estatales ya recibieron autorización para comercializar combustible al por mayor y que fue aprobado el primer proyecto de inversión extranjera destinado a la importación, distribución y venta de combustibles en el país.
Además del sector energético, la reforma permitirá la participación privada en áreas como residencias para adultos mayores, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables y determinadas actividades petroleras y mineras, sujetas a regulaciones específicas.
El Gobierno sostuvo que los resultados de estas medidas serán graduales y reconoció que el principal desafío será garantizar su correcta aplicación en un contexto económico complejo.
La economía cubana enfrenta una de las crisis más severas de las últimas décadas, caracterizada por la escasez de alimentos, medicamentos, combustible y agua potable, además de prolongados apagones que han afectado al país durante este año.
Las autoridades atribuyen parte de estas dificultades al endurecimiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, incluido el embargo vigente desde 1962 y nuevas restricciones implementadas por la administración del presidente Donald Trump.
No obstante, especialistas consideran que la apertura tendrá limitaciones para los empresarios nacionales debido a la elevada inversión que requieren sectores como la minería, la producción azucarera y la extracción de petróleo.
El economista cubano Daniel Torralbas señaló que muchas de estas actividades demandarán inevitablemente capital extranjero, ya que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas cubanas no dispone de los recursos financieros necesarios para asumir proyectos de gran escala.
Pese a la flexibilización económica, el Estado mantendrá bajo su control áreas consideradas estratégicas, entre ellas los sistemas de salud y educación, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad, la defensa y la industria del tabaco.
Como parte de las reformas, el Parlamento también analiza modificaciones en materia agrícola, que ampliarán las condiciones de usufructo de tierras para productores, cooperativas y empresas privadas, así como cambios en la legislación sobre vivienda que permitirán a los ciudadanos poseer hasta dos viviendas urbanas e introducirán la figura de las hipotecas.
Las autoridades informaron que actualmente operan en Cuba más de 15,000 pequeñas y medianas empresas, las cuales generan empleo para más de un tercio de la población económicamente activa y desempeñan un papel cada vez más relevante en la economía nacional.
