WASHINGTON.— La Corte Suprema de Estados Unidos ha despejado el camino para que el presidente Donald Trump avance con sus planes de reducir el tamaño de la fuerza laboral federal, a pesar de las advertencias sobre la posible pérdida de servicios gubernamentales críticos y miles de empleos.
Los jueces anularon órdenes de tribunales inferiores que habían congelado temporalmente estos recortes, liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). En una orden no firmada, la Corte argumentó que no había recortes específicos bajo su consideración, sino únicamente una orden ejecutiva emitida por Trump y una directiva administrativa para que las agencias emprendieran las reducciones de personal.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única voz disidente, criticando a sus colegas por un «entusiasmo demostrado por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia”.
Impacto de la reducción y argumentos judiciales
Donald Trump ha reiterado que los votantes le otorgaron un mandato para reestructurar el gobierno federal, y en su momento, eligió a Elon Musk para liderar esta iniciativa a través del DOGE, aunque Musk ya ha dejado su cargo.
Hasta la fecha, decenas de miles de trabajadores federales han sido despedidos, han optado por programas de renuncia diferida o han sido puestos en licencia. Aunque no hay una cifra oficial precisa, se estima que al menos 75,000 burócratas tomaron la renuncia diferida y miles de trabajadores en período de prueba fueron despedidos.
En mayo, la jueza federal Susan Illston (nominada por el expresidente Bill Clinton) había dictaminado que la administración de Trump necesitaba la aprobación del Congreso para realizar reducciones significativas en la fuerza laboral federal. Posteriormente, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito, con una votación de 2-1, se negó a bloquear la orden de Illston. El tribunal de apelaciones encontró que la reducción podría tener efectos más amplios, incluyendo impactos en el sistema de seguridad alimentaria del país y en la atención médica para veteranos.
Illston había ordenado a numerosas agencias federales detener la ejecución de la orden ejecutiva sobre la fuerza laboral firmada por el presidente en febrero, así como un memorando posterior emitido por el DOGE y la Oficina de Gestión de Personal.
Sindicatos laborales y grupos sin fines de lucro que apelaron la reducción presentaron a los jueces varios ejemplos de las consecuencias si la medida entraba en vigor, incluyendo recortes del 40% al 50% en diversas agencias.
Entre las agencias afectadas por la orden se encuentran los departamentos de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos. La medida también aplica a la Fundación Nacional de Ciencias, la Asociación de Pequeñas Empresas, la Administración del Seguro Social y la Agencia de Protección Ambiental.
