SANTO DOMINGO.— La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha cancelado y suspendido de oficio 47 registros de su Registro de Proveedores del Estado (RPE). La medida afecta a personas y empresas vinculadas a casos de corrupción, con el objetivo de impedir que proveedores condenados o procesados se beneficien de recursos públicos.
La decisión, oficializada a través de la resolución DGCP-44-2025-003701, se basa en información proporcionada por la Procuraduría General de la República y en lo dispuesto por las leyes locales sobre contrataciones y procedimientos administrativos.
Clasificación de las sanciones
La resolución de la DGCP establece tres tipos de sanciones para los proveedores:
- Cancelación definitiva: Se ordenó la cancelación de oficio de 21 registros. Estos proveedores quedan inhabilitados de forma permanente para contratar con el Estado.
- Suspensión provisional: Se suspendió a 14 proveedores de manera provisional, a la espera de una decisión judicial.
- Suspensión automática: Se suspendió automáticamente a 12 empresas cuyos socios o directivos ya han sido condenados por casos de corrupción.
La entidad aclaró que los proveedores con estatus de «suspendido» permanecen inhabilitados temporalmente hasta la conclusión de su proceso judicial.
