La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) remitió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tres resoluciones relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso de contratación para el «equipamiento de talleres con servicios conexos en centros educativos a nivel nacional –segunda etapa–», gestionado por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) del Ministerio de Educación (Minerd).
Según un comunicado oficial de la DGCP, la acción responde a la identificación de indicios de naturaleza penal en el proceso OCI-CCC-LPN-2024-0003, los cuales exceden las competencias administrativas de este organismo, por lo que se requirió la intervención del Ministerio Público.
Graves irregularidades en el proceso
La DGCP señaló que en febrero de 2025 anuló el proceso de licitación, inicialmente valorado en RD$945 millones, pero que luego fue modificado e incrementado a RD$966,748,624.00. En este concurso fueron adjudicadas las empresas A Fuego Lento S.R.L., Suplidores Comerciales & Suministros Tecnomas-LM, S.R.L, Arcaservis y Riften Invesment, S.R.L.
Entre las irregularidades detectadas figuran:
- Violación al artículo 20 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.
- Falta de información clave en el pliego de condiciones, impidiendo una adecuada elaboración y evaluación de las ofertas.
- Habilitación irregular de propuestas técnicas, a pesar de que los bienes presentados no cumplían con las especificaciones exigidas.
- Violación al debido proceso administrativo, al no agotar la fase de instrucción de los recursos de impugnación.
- Evaluación incorrecta de credenciales de los adjudicatarios.
La resolución RIC-0015-2025 detalla que el Comité de Compras y Contrataciones de la OCI no cumplió con los principios de eficiencia, economía y flexibilidad, lo que llevó a la nulidad del proceso y su posterior remisión a la Pepca para una posible investigación penal.
