SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader dispuso mediante el decreto 672-26 que las contrataciones vinculadas a distintos programas especiales del Poder Ejecutivo sean dirigidas exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias nacionales que cumplan con los requisitos establecidos.
La medida abarca instituciones públicas responsables de programas relacionados con alivio de la pobreza, alimentación, vestimenta, útiles escolares, productos destinados a la salubridad y asistencia a sectores vulnerables, entre ellos personas con discapacidad, envejecientes, niños y adolescentes.
El decreto establece que podrán participar las empresas certificadas como Mipyme o Mipyme Mujer por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y que, además, cuenten con Registro Industrial emitido por ProIndustria.
La disposición busca reservar determinados procesos de contratación a productores nacionales y reducir la participación de intermediarios en la adquisición de bienes destinados a programas sociales. La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas ya contempla mecanismos especiales de reserva para mipymes y productores nacionales.
Las instituciones deberán especificar en los pliegos de condiciones los requisitos necesarios para comprobar el origen nacional de los productos y la condición de Mipyme Industrial Nacional de los oferentes.
También tendrán que identificar cada año los bienes y servicios que puedan ser suplidos por sectores productivos nacionales y establecer mecanismos de promoción, segmentación y reserva de procesos que faciliten la participación efectiva de estas empresas.
El decreto considera programas sociales especiales aquellas intervenciones públicas destinadas a proveer bienes o servicios esenciales a poblaciones vulnerables, especialmente en zonas rurales, áreas deprimidas y comunidades fronterizas, en ámbitos como alimentación, salud, educación, protección social y desarrollo territorial.
Entre las instituciones alcanzadas por la disposición figuran Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud y los centros públicos de salud.
También están incluidos el Ministerio de Defensa, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, la Dirección de Desarrollo Provincial, el Inaipi, Conani, Conape, Promese/Cal, el Ministerio de Educación, URBE, el Ministerio de Vivienda, el Inavi y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
La Dirección General de Contrataciones Públicas tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las reglas aplicables a este tipo de procesos y de emitir las directrices correspondientes.
La disposición busca que una mayor proporción del gasto de los programas sociales permanezca vinculada a empresas productoras nacionales y, según el Gobierno, contribuya a fortalecer la actividad industrial y la generación de empleos.
