PUERTO PLATA.– Un residente de la comunidad La Jaiba, en Puerto Plata, denunció presuntas actuaciones irregulares por parte de agentes de la Policía Nacional que prestan servicio en Estero Hondo, incluyendo requisas de vehículos que, según afirma, se realizan sin causa justificada y amenazas de traslado al destacamento.
El denunciante, identificado como Gerinaldo Sánchez, pidió a la Dirección General de la Policía Nacional y a Asuntos Internos investigar las actuaciones de miembros de la dotación policial de esa comunidad.
Sánchez señaló específicamente al teniente Simón Guzmán Figueroa y al cabo Eduardo Beltré, junto a otro integrante de una patrulla, aunque las afirmaciones corresponden a su denuncia y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad contra los agentes mencionados.
De acuerdo con su relato, ciudadanos que circulan por la zona son detenidos para revisar sus vehículos pese a que, según sostiene, no existe una causa aparente que justifique la intervención.
También aseguró que en determinadas ocasiones los agentes pretenden trasladar personas al destacamento y retener vehículos sin que, a juicio del denunciante, exista justificación legal.
Cita disposiciones del nuevo Código Penal
Sánchez anunció que pretende presentar una querella sustentada, entre otras disposiciones, en los artículos 275 y 276 del nuevo Código Penal dominicano.
El artículo 275 establece sanciones para el agente policial o militar que impida a un ciudadano grabar o filmar un arresto, registro o allanamiento, siempre que la grabación no interfiera con la actuación policial ni ponga en riesgo al agente.
Por su parte, el artículo 276 se refiere específicamente a la revisión injustificada de vehículos de motor y contempla consecuencias para el agente o funcionario encargado de hacer cumplir la ley que ordene o practique una revisión fuera de los casos autorizados legalmente o sin causa probable.
El nuevo Código Penal fue promulgado mediante la Ley 74-25 y posteriormente recibió modificaciones mediante la Ley 44-26. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó en agosto la versión consolidada de ambas disposiciones.
Denuncia trato intimidatorio
Sánchez afirmó que una de sus principales preocupaciones es la forma en que, según su versión, se realizan algunas intervenciones policiales.
Indicó que jóvenes y otros ciudadanos son obligados a desmontarse de sus vehículos mientras miembros de las patrullas realizan registros, y sostuvo que quienes intentan documentar los procedimientos con sus teléfonos pueden sentirse intimidados.
El denunciante utilizó expresiones críticas contra esas prácticas y consideró que generan temor entre residentes de comunidades alejadas de los principales centros urbanos.
También alegó que mientras ciudadanos que transitan regularmente por la zona son objeto de controles frecuentes, existen puntos donde presuntamente se comercializan drogas que, según asegura, son conocidos por residentes de la comunidad.
Esta última afirmación tampoco ha sido confirmada de manera independiente.
Pide intervención de Asuntos Internos
Sánchez pidió que la Policía Nacional determine si las actuaciones denunciadas cumplen con las normas que regulan las intervenciones de los agentes.
“Estamos jartos de tantos abusos”, expresó al solicitar que las autoridades investiguen lo que ocurre en Estero Hondo.
También dirigió un llamado al presidente Luis Abinader para que las denuncias de residentes de la zona sean tomadas en cuenta.
El comunitario adelantó que acudirá a las instancias correspondientes para formalizar su denuncia y procurar que se determine si hubo violaciones a sus derechos.
Hasta el momento de esta publicación, no se dispone de una versión de los agentes mencionados ni de un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional sobre las acusaciones de Sánchez.
