Una comisión del Congreso peruano recomendó este martes inhabilitar por 10 años al expresidente izquierdista Pedro Castillo para ejercer cargos públicos tras su fallido intento de cerrar el parlamento en diciembre de 2022.
La decisión de la Comisión Permanente se produce en vísperas de emitirse este jueves el fallo del tribunal que juzga a Castillo por el delito de rebelión ante su intentona golpista. La fiscalía ha pedido 34 años de prisión para él.
Castillo, de 56 años, está detenido bajo prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022.
La inhabilitación debe aún ser debatida en el pleno del parlamento la semana entrante, donde debería ser ratificada dada la mayoría conservadora del legislativo.
La Comisión Permanente «aprobó el informe final que recomienda la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años» con 13 votos a favor y seis en contra.
Una inhabilitación dejaría a Castillo fuera de carrera para postular al Senado en las elecciones de abril de 2026, tal como lo había anunciado el partido Juntos por el Perú.
Según el parlamentario derechista Elvis Vergara el error que cometió Pedro Castillo «fue querer dañar la institucionalidad democrática de nuestro país».
«La suerte está echada para el presidente Pedro Castillo porque se atrevió a retar al Congreso», replicó el legislador izquierdista Wilson Quispe de la bancada de Juntos Por el Perú.
El 7 de diciembre de 2022 Castillo anunció en un mensaje a la nación desde el Palacio de Gobierno que disolvía el Congreso, convocaba a una Asamblea Constituyente e intervenía la fiscalía.
Ese mismo día el Congreso iba a debatir una moción de vacancia (destitución) en su contra bajo cargos de presunta corrupción.
Sin el respaldo del mando militar, el mandatario fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.
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