El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, aseguró que no se le cobrará fianza ni primera factura durante los próximos seis meses a los clientes residenciales, colmados, farmacias o talleres que se normalicen.
Además, advirtió que quienes no aprovechen esa facilidad, se les aplicarán las políticas de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase).
Explicó que la medida es un incentivo para quienes nunca se han normalizado y precisó que no es una amnistía para aquellos que tengan alguna deuda.
El presidente del CUED informó que alrededor de 800 mil clientes no pagan la energía, lo que significa un costo al Gobierno de US$900 millones al año.
“Esto es un incentivo para que la gente que nunca se ha conectado se conecte, porque de lo contrario, nos vemos obligados a aplicar las políticas del Pegase, que van a ser extremadamente duras”, expresó Marranzini.
Metas
Marranzini explicó que se están tomando medidas como parte de una estrategia para en los próximos tres años reducir la pérdida de energía y el costo de su adquisición para las distribuidora. Con eso el costo fiscal del Gobierno, que el año pasado terminó en US$1,500 millones y desde el 2021 asciende a US$4,778 millones.
Una de esas medidas es la aplicación del “Sistema de control de abastecimiento” que se está llevando en aquellos circuitos con pérdidas por encima del 20%, donde hay cortes del servicio por hasta cuatro horas.
Indicó también que la medición, facturación y cobro de la energía a clientes bajo el esquema de facturación con consumo fijo y clientes no facturados, también busca racionalizar el consumo de energía para reducir el crecimiento de la demanda y las presiones que este crecimiento implica sobre la capacidad de las subestaciones y transformadores.
Señaló que el aumento en la demanda, debido al alto crecimiento de la economía, bajos precios de la electricidad y energía gratis, obligó al Gobierno a contratar energía adicional a altos precios para evitar los cortes de energía en todos los circuitos.
Agregó que al concluir la pandemia, se produjo a nivel mundial una fuerte escasez de medidores, transformadores y otros equipos de uso frecuente en el sector, incidiendo sobre la gestión operativa de las EDEs, las cuales se vieron limitadas en facturar y cobrar la energía adicional suministrada, además del déficit histórico en su gestión.
A diciembre pasado, las pérdidas en Edeeste fueron del 54.7 %, Edesur 30.7 % y Edenorte 25.5 %. La meta es reducirla a 40% y 20%, respectivamente
Marranzini apuntó que los subsidios y las transferencias gubernamentales a las EDEs significan que el Gobierno central cuenta con menos recursos para invertir en obras de infraestructura necesarias, en una economía creciente y con un alto porcentaje de urbanización.
