SANTO DOMINGO, RD. – El presidente Luis Abinader afirmó categóricamente este lunes que el Cartel de Sinaloa no tiene operaciones de narcotráfico en la República Dominicana. Esta declaración surge tras un operativo reciente, llevado a cabo en conjunto con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), que buscaba desmantelar a la banda «Los Rugrats», identificada como una «célula armada» del cartel.
Durante «LA Semanal», el mandatario fue cuestionado sobre el caso que llevó al arresto de Yeyson Rojas Mosquea en Cotuí, contra quien se solicitó prisión preventiva. Asimismo, se identificó como prófugos de la justicia local e internacional a Carlos Alberto Páez Pereda, Luis Alfonso Páez Pereda, Daniel Hiram Jáquez Ortega y César Eduardo González Zavala.
DNCD refuerza posición y destaca rápida respuesta
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, secundó las palabras del presidente Abinader, señalando que ninguno de los prófugos identificados se encuentra actualmente en el país.
Cabrera Ulloa recordó que el pasado 16 de febrero, un miembro operativo del Cartel de Sinaloa intentó ingresar al país, fue apresado y entregado a las autoridades norteamericanas. Respecto a las dos personas que estuvieron en el país a principios de año, el titular de la DNCD aclaró que en el momento de su ingreso no existía ninguna alerta internacional ni de Interpol ni de Estados Unidos en su contra.
«En República Dominicana no hay espacio para el crimen organizado», enfatizó Cabrera Ulloa, destacando la capacidad de las autoridades para identificar «en tiempo récord» la presencia de estos miembros del Cartel de Sinaloa.
«En tiempo récord, después que pasó el hecho en Cotuí, en conjunto de la Policía Nacional y organismos internacionales, determinar que esas personas habían estado aquí y ya habían salido hacia México, con escala en Colombia, lo que confirma que nosotros hemos dado una respuesta efectiva. Esta mañana yo recibí una llamada de Washington donde nos decían que el país debía de sentirse orgulloso porque casos como este a ellos les toma tres años, dos años y medio para llegar a una conclusión», explicó el presidente de la DNCD.
El Ministerio Público atribuye a esta célula haber ordenado y pagado el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio (alias «el Polín») y el intento de asesinato de José Francisco Del Orbe Peña (alias «Gueilón»), hechos ocurridos el 10 de febrero de 2025 en el sector Cocos del municipio Cotuí.
