SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – La audiencia en la que se conocería la medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, ha sido aplazada para el próximo miércoles. Ambos están acusados de homicidio involuntario tras el colapso del techo del establecimiento el pasado 8 de abril, que dejó 235 muertos y más de 180 heridos.
Los dos imputados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Maribel Espaillat, visiblemente afectada y bajo medicación, llegó escoltada por agentes, mientras que su hermano Antonio fue regresado a la celda del recinto judicial tras conocerse el aplazamiento, cuyas razones no fueron divulgadas.
El Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat fueron advertidos del deterioro estructural del local, pero aun así permitieron la realización de eventos, incluida la fiesta que culminó en tragedia. El órgano acusador ha solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel.
Intimidación de testigos y futuro incierto para víctimas
El procurador adjunto Wilson Camacho reveló un elemento crucial que refuerza la petición de medidas coercitivas: está comprobada la intimidación a testigos. “La intimidación del testigo es un hecho, eso también está corroborado en el proceso”, declaró Camacho, subrayando que este factor representa un peligro procesal por parte de los imputados.
El desplome del techo del Jet Set no solo causó las 235 muertes y más de 180 heridos, sino que también dejó a 130 niños huérfanos. «Niños que posiblemente antes del 8 de abril tenían su vida asegurada y ahora tienen un futuro incierto porque dos personas prefirieron poner sobre la vida y la seguridad de sus clientes sus intereses personales”, expresó Camacho con contundencia.
El magistrado también aclaró que las querellas presentadas por las víctimas ante el Ministerio Público tienen la misma calificación jurídica que la planteada en la acusación formal del caso, unificando así la base legal de las acciones.
La expectativa pública crece ante uno de los casos más graves y conmovedores en los últimos años en la República Dominicana, mientras el país clama por justicia para las víctimas de esta lamentable tragedia.
