La detención del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara no fue casual, sino que se trató de una operación planificada, con vigilancia y una «entrega controlada» de dinero que permitió a las autoridades sorprenderlo en flagrante delito tras recibir 10 mil dólares en efectivo de un investigado en el presunto fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa).
Conforme a la solicitud de medida de coerción, todo comenzó el 13 de marzo de 2026, cuando el fiscal se reunió con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional.
En este lugar, Canaán abordó el vehículo del imputado Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer «una posición de dominio» sobre el testigo.
Durante esta reunión —señala el documento— Valdez Alcántara propuso de manera explícita a Canaán, alterar el curso del proceso seguido en su contra a cambio de un beneficio económico directo.
El documento señala que la exigencia pecuniaria se fijó inicialmente en doscientos mil dólares; suma que el fiscal redujo a ciento cincuenta mil dólares, tras una negociación en la que también mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450, negro; además de que el fiscal investigado rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de «alta gama solicitado».
¿Para cuándo es la cosa?
En fecha del 18 de marzo la presión del fiscal continuó por teléfono al testigo. «El imputado ejerció presión con la frase ‘¿para cuándo está la cosa?’ y estableció como fecha límite de entrega el día 24 este mes de marzo», cita el expediente.
Según la solicitud, el encuentro final se ejecutó el 27 del mes de marzo del año en curso en horas de la tarde, cuando el imputado Valdez Alcántara contactó por teléfono al testigo Canaán, indicándole reunirse lo antes posible en otra plaza comercial, específicamente en el área de parqueos del cuarto piso, con la intención de que le realizara el pago del soborno exigido.
Operativo de arresto
Fue también el 27 de marzo cuando se ejecutó el plan de arresto. El documento indica que se conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno de la Policía Nacional y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, adscrito a la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales. Estos se trasladaron al punto de encuentro para realizar una vigilancia discreta.
Los investigadores observaron cuando Canaán abordó la yipeta Honda CRV, placa G 428129, del imputado. Minutos después, el vehículo salió del parqueo, dio varias vueltas, incluso en vías contrarias, y regresó al mismo nivel donde Canaán realizó la entrega del dinero al imputado como pago del soborno, para luego desmontarse del vehículo.
La intervención ocurrió poco después en la avenida Sarasota. Los agentes interceptaron al fiscal y lo trasladaron hacia la Procuraduría General de la República. Una vez allí, procedieron a requisar el interior del vehículo con la presencia del imputado, a quien se le cuestionó si tenía objetos ilícitos, respondiendo este que solo tenía un arma de fuego y una tableta de la PGR.
Dinero a la vista
El documento especifica que los agentes encontraron los objetos mencionados y otros más, incluida la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de 10,000 dólares en efectivo, ocultos específicamente en la parte interior del sunroof y la tapa corrediza de este.
Por tales motivos, el agente actuante procedió a leerle los derechos constitucionales al imputado Valdez Alcántara, para luego arrestarlo de manera flagrante. Cabe destacar que los 10 mil dólares se los entregó a Canaán el propio Ministerio Público para documentar la entrega vigilada, bajo la autorización judicial núm. 027-2026-TAUT-0002, emitida por la jueza Ysis B. Muñiz Almonte.
