SANTO DOMINGO.– Las autoridades dominicanas arrestaron este martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a una ciudadana dominicana residente en el exterior, acusada de incurrir en el delito de ultraje al Himno Nacional, conforme a una orden judicial emitida por un tribunal del Distrito Nacional.
La detenida fue identificada como Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años, quien reside en los Estados Unidos. Su arresto se produjo en cumplimiento de la Orden Judicial número 2025-AJ0051862, emitida el pasado 7 de agosto de 2025 por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, Santos Díaz es investigada por presuntas violaciones a los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana. La investigación también involucra a Yoseli Castillo Fuertes, señalada como coimputada en los hechos.
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Según el expediente, ambas mujeres organizaron y promovieron la circulación del texto titulado «Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!», en el marco de un evento realizado en uno de los salones del Centro Cultural de España, ubicado en la Zona Colonial.
Durante la actividad, las imputadas invitaron a los asistentes a entonar lo que denominaron el «Himno Nacional», utilizando la música original, pero con letras alteradas.
El Ministerio Público sostiene que esta acción constituye un ultraje contra el Himno Nacional, considerado un símbolo sonoro de la patria, el cual está consagrado en la Constitución dominicana como único e invariable.
Como parte de la investigación, se recolectaron evidencias difundidas en redes sociales, además de denuncias formales presentadas por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), el Instituto Duartiano y otras entidades cívicas.
En uno de los considerandos de la orden de arresto, la jueza establece que, aunque la libertad es un derecho fundamental, puede ser restringida mediante orden judicial cuando se afectan el orden público y las buenas costumbres. Asimismo, se señaló que la condición de residentes en el extranjero de las investigadas representaba un riesgo de sustracción del proceso judicial.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público.
