La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) informa que fue ejecutada la orden de arresto contra Javier Francisco Álvarez Valencia, quien está acusado de fraude eléctrico, por más de 47 millones de pesos, en perjuicio de la empresa Edeeste y del Estado.
La orden de arresto fue emitida el 13 de mayo de 2024 por el juez Kelvis J. Henríquez, de Atención Permanente de Santo Domingo, y ejecutada por la fiscalizadora adjunta de la PGASE, Martha Idalia Florentino.
La investigación se originó a raíz de un allanamiento realizado el 12 de mayo de 2024 en el local comercial “Hielo el Grande”, ubicado en la avenida Emma Balaguer número 31, sector El Cacique II, municipio Santo Domingo Norte.
Durante la inspección se detectó un fraude eléctrico que consistía en una conexión directa a 7.2 KV con un consumo de 17.2 AMP, utilizando dos transformadores (uno de 100 KVA y otro de 75 KVA) fuera del medidor para manipular el suministro eléctrico.
Las autoridades levantaron varias actas que documentan el ilícito, incluyendo el Acta de Allanamiento, Acta de Inspección de Lugar, Acta de Fraude Eléctrico, Acta de Inspección Conjunta de Acometida y Acta de Levantamiento de Cargas del Suministro.
Según la tasación validada por la Superintendencia de Electricidad, el acusado sustrajo 4,771,351.80 KWH de energía y 5,770.20 KW de potencia, lo que representa un perjuicio económico RD$47,747,272.88.
Ante estos hechos, la PGASE ha depositado una acusación formal contra el empresario Javier Francisco Álvarez Valencia ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo, donde enfrentará cargos por fraude eléctrico.
La magistrada Florentino solicitará al juez de atención permanente de la provincia de Santo Domingo la imposición de una medida de coerción hoy lunes, a través de una solicitud e imposición de medida.
Edeeste y la PGASE trabajan arduamente para combatir el fraude eléctrico y garantizar el cumplimiento de la ley, aplicando sanciones a quienes incurran en estas prácticas ilícitas. Este tipo de delitos afecta no solo a la empresa distribuidora y al Estado, sino también a la población en general, ya que perjudica la calidad del servicio eléctrico y genera pérdidas económicas significativas.
Ambas entidades continúan implementando operativos y acciones legales con el objetivo de erradicar el fraude y asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.
