SANTO DOMINGO, RD. – El abogado Ángel Lockward visitó al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, con la intención de mediar en el conflicto entre la institución y Rogelio Oruña, presidente de la empresa Dekolor, S.R.L. El conflicto surge a raíz de la cancelación de un contrato con Dekolor por supuestas operaciones fraudulentas, según la querella.
Según el documento, Lockward no contactó a Morrison directamente al principio, sino a través de Lidia Grissel Paniagua, colaboradora cercana de Jonattan Chevalier, empleado del INTRANT. Durante este intercambio, el abogado insistió en ser recibido personalmente por Morrison, argumentando que actuaba por «respeto a la memoria del padre de Morrison» y que la situación debía discutirse «con urgencia antes de que ‘saliera todo'».
Confirmación de un esquema y campaña de descrédito
La querella detalla que la visita de Lockward no hizo más que confirmar la existencia de un esquema concertado para obstaculizar el proceso competitivo institucional. Se buscaba influir en decisiones administrativas por vías ajenas a la legalidad y en abierta contradicción con los principios de transparencia de las instituciones públicas.
La gravedad del caso se acentuó el 27 de junio de 2025, cuando el director nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto, se comunicó directamente con Morrison. Soto le advirtió sobre una publicación internacional que podría afectarlo personalmente: un artículo en The Miami Independent, firmado por la periodista Josefina Villegas, insinuando que Morrison poseía una propiedad no declarada en Miami.
Lo que inicialmente pareció una coincidencia aislada rápidamente tomó la forma de una campaña orquestada. Apenas unos días después, periodistas nacionales comenzaron a reproducir las insinuaciones del medio extranjero, amplificando el mensaje a través de medios digitales y y tradicionales.
