La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin “de inmediato” a las expulsiones colectivas de ciudadanos haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con procesos de deportación, implementado este lunes como parte de las nuevas medidas contra la inmigración irregular desde Haití.
Según AI, solo en el primer día de aplicación del protocolo en 33 hospitales del país, 87 mujeres haitianas embarazadas y parturientas fueron detenidas tras recibir atención médica, como parte de una de las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader el pasado 6 de abril.
Conforme a esta normativa, inspectores y agentes migratorios verifican que los pacientes cuenten con identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y que puedan costear los servicios médicos. De no cumplir con esos requisitos, los migrantes serán atendidos, pero serán deportados una vez se recuperen.
“La implementación de un sistema que expone a personas migrantes a la deportación tras recibir atención médica viola el derecho a la salud, deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro”, señaló Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
AI acusa discriminación sistemática
La organización también expresó que estas medidas institucionalizan la discriminación contra las personas haitianas indocumentadas, solicitantes de asilo, personas en situación de apatridia y dominicanos de ascendencia haitiana, en contravención con la Constitución dominicana, que garantiza el acceso universal y gratuito a la salud.
“El Gobierno de Abinader debe adoptar medidas concretas contra la discriminación racial, garantizar el acceso a protección internacional y asegurar un entorno libre de estigmatización”, añadió Piquer en un comunicado.
Amnistía Internacional considera que las recientes disposiciones del Ejecutivo dominicano desafían las obligaciones internacionales de derechos humanos suscritas por el país y contradicen múltiples recomendaciones de organismos multilaterales.
Expulsiones masivas bajo la lupa internacional
Desde octubre de 2024, el Gobierno dominicano ha ejecutado más de 180,000 deportaciones, en su mayoría de haitianos, lo que según AI constituye expulsiones colectivas prohibidas por el derecho internacional.
En ese mismo mes, el presidente Abinader ordenó una ofensiva migratoria que promedia unas 10,000 deportaciones por semana, a pesar de las advertencias de organismos internacionales, que señalan que Haití atraviesa una grave crisis humanitaria y de seguridad, con más de 5,600 muertes por violencia registradas solo en 2024.
Finalmente, la organización llamó a la población dominicana a rechazar las medidas, calificándolas de “crueles y racistas”.
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