La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) se suma a la inquietud manifestada por diversos sectores respecto al proyecto de modificación de la Ley No. 225-20, de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Dicha reforma, aprobada recientemente en el Senado, será debatida próximamente en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con ADOCEM, que representa a las seis empresas productoras de cemento del país, la propuesta incluye disposiciones que podrían afectar la competitividad tanto de la industria cementera como del sector construcción en general.
Julissa Báez, directora ejecutiva de ADOCEM, explicó: “En la versión aprobada por el Senado, se ha incorporado un nuevo artículo que obliga a las empresas cementeras a utilizar un mínimo del 30% de combustibles derivados de residuos como fuente alternativa en sus hornos. Esta disposición ha sido planteada sin considerar que la valorización energética de residuos —o coprocesamiento— es un proceso técnico que requiere condiciones específicas. Para su implementación efectiva, es necesario contar con marcos normativos adecuados y desarrollar una infraestructura de suministro, aspectos que aún no están plenamente establecidos en el país. Además, no todas las empresas cementeras cuentan con hornos aptos para este proceso.”
El coprocesamiento consiste en la sustitución parcial de combustibles tradicionales, como el coque de petróleo y el carbón, por combustibles alternativos obtenidos a partir de residuos. Este proceso contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de cemento y evita el depósito de residuos en vertederos, ofreciendo una alternativa sostenible para la gestión de desechos.
Desde hace casi una década, ADOCEM ha promovido el coprocesamiento como una solución viable, incluso antes de la promulgación de la Ley 225-20. No obstante, Báez enfatizó que: “No todos los residuos pueden ser coprocesados en la industria cementera. Es fundamental definir qué materiales son adecuados, considerando factores como el impacto en la operación de los hornos, la calidad del producto final, la relación costo-beneficio y la seguridad ocupacional.”
ADOCEM advierte que establecer un porcentaje obligatorio de coprocesamiento sin las condiciones necesarias podría generar una desventaja para la industria cementera, dejándola vulnerable ante un posible monopolio en la gestión de residuos. Esto, a su vez, afectaría los costos de producción y venta del cemento en el país.
“Si la propuesta se aprueba tal como está planteada, la industria se vería en un estado continuo de incumplimiento. Actualmente, no existe la infraestructura, ni las empresas tienen la capacidad de sustituir 30% de los combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos, en el corto plazo”— Concluyó Báez.
ADOCEM subraya que experiencias internacionales, como el caso de Alemania, donde más del 60% de la energía utilizada en la producción de cemento proviene de residuos, han requerido cambios estructurales, pruebas técnicas, marcos regulatorios adecuados y una implementación progresiva de las metas de sustitución de combustibles.
La asociación reitera su disposición a colaborar con las autoridades para desarrollar las condiciones necesarias que impulsen el coprocesamiento de manera sostenible, en beneficio del país y con el compromiso que siempre ha caracterizado al sector cementero.
