La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Vega, ha presentado una formal acusación contra Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa de fachada White Castle Real Estate SRL, por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de mercancías, defraudación tributaria y lavado de activos en la provincia de La Vega.
Melvin Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024, tras una investigación liderada por la Fiscalía de La Vega que lo vinculaba con el almacenamiento de mercancías ilícitas. La captura se produjo luego de un allanamiento en el sector del Estadio Olímpico, donde las autoridades incautaron bienes de alto valor, entre ellos 112 aires acondicionados nuevos, cientos de bebidas alcohólicas de diversas marcas, más de 10 millones de pesos en efectivo, un arma de fuego y joyas de lujo.
La Procuraduría Especializada Antilavado, a solicitud de la Fiscalía de La Vega, llevó a cabo una investigación financiera que reveló un descomunal incremento en los movimientos bancarios de Castillo Hernández. Según los informes, el acusado pasó de manejar apenas 3,000 pesos en su cuenta a registrar operaciones superiores a los 585 millones de pesos entre 2022 y 2024. Adicionalmente, se detectó la suma de 46.9 millones de pesos en cuentas adicionales.
Su madre, Angélica Inés Tejada Hernández, también está implicada en el esquema, siendo utilizada como prestanombre en diversas operaciones financieras, sin poder justificar el origen lícito del dinero.
La semana pasada se realizaron cinco incautaciones, incluyendo la vivienda de tres niveles donde se almacenaban las mercancías ilícitas, un establecimiento comercial tipo «drink-colmado» y varias propiedades más, valoradas en unos 25 millones de pesos.
Cargos y leyes violadas
Los imputados enfrentan acusaciones por violación de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Ley 17-19 sobre Tráfico Ilícito de Mercancías, la Ley 168-21 de Contrabando, además de la Ley 11-92 del régimen tributario y la Ley 183-02 de Monetaria y Financiera de la República Dominicana.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado, y la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron el compromiso de las instituciones judiciales para combatir la criminalidad organizada y afirmaron contar con pruebas sólidas para lograr una sanción ejemplar en este caso. La investigación estuvo bajo la responsabilidad del fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
