Santo Domingo.– Cabizbajos y fuertemente escoltados, los diez imputados de la Operación Cobra desfilaron este jueves hacia la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se conoce la medida de coerción por el presunto entramado de corrupción administrativa que habría operado dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La escena, marcada por un robusto cerco de seguridad, reflejó la tensión alrededor de un proceso que ha sacudido a la institución pública.
Solicitud del Ministerio Público.
El Ministerio Público solicitó que se impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, argumentando que la supuesta red de corrupción habría desviado más de 15,000 millones de pesos mediante contratos amañados, manipulación de procesos internos, falsificación de documentos y pago de sobornos.
Entre los imputados figuran el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como Rafael Martínez, Pedro Pablo Arias, Carolina Batista, Efraín Tejada, Luis Alberto Ramírez, Julián Castillo, Manuel Mieses, Roxana Paulino y Ruddy García.
De acuerdo con la acusación, enfrentan cargos por:
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Asociación de malhechores
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Estafa contra el Estado
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Coalición de funcionarios
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Administración fraudulenta
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Conclusión
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Soborno y desfalco
Proceso en curso
La directora general de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que el caso continúa abierto y que médicos, profesionales de la salud y centros médicos también están bajo investigación.
«Habrá más personas inculpadas. No es que serán investigadas, es que ya llevan tiempo investigándose», afirmó Reynoso.
En paralelo, la defensa del exdirector Hazim insiste en que la acusación contiene «más de un $67\%$ de incongruencias», alegando que algunas propiedades atribuidas datan de años anteriores a su gestión pública.
El tribunal deberá decidir hoy si procede con el conocimiento de la medida o si la aplaza nuevamente.
