COTÚI, REPÚBLICA DOMINICANA. – Tras extensas jornadas de diálogo y negociación, los comunitarios de Cotuí y Barrick Pueblo Viejo han alcanzado un acuerdo «amigable, satisfactorio y definitivo» para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento, vital para la expansión de la mina Pueblo Viejo en la provincia Sánchez Ramírez. Este consenso marca un hito crucial para el proyecto y las comunidades afectadas.

El acuerdo fue posible gracias a la intermediación clave del Gobierno dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la Iglesia Católica, a través del obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán; y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quienes actuaron como facilitadores y garantes de los derechos comunitarios.

La inversión estimada en este ambicioso proyecto de reasentamiento superará los RD$20 mil millones. Este monto contempla una provisión integral para las familias residentes, asegurando viviendas dignas y adecuadas conforme al censo realizado, acceso garantizado a servicios básicos esenciales (agua potable, saneamiento, electricidad, salud, educación primaria y secundaria, instalaciones deportivas como cancha mixta y campo de béisbol, y vías de acceso). Además, se incluyen planes de restauración de medios de vida y actividades productivas para las familias afectadas.

Compensaciones y programas de apoyo integral

El acuerdo detalla nuevos valores de reposición para 8 cultivos de ciclo corto y perennes, así como 6 árboles forestales, establecidos en una matriz de precios. También se definió el valor de la compensación por tarea de tierra.

Además de las compensaciones económicas y de vivienda, el proyecto contempla un robusto paquete de programas de soporte:

Soporte Psicosocial: Acompañamiento personalizado con profesionales de la psicología para gestionar dificultades y seguir planes de vida familiares.
Generación de Ingresos y Educación Financiera: Asesoría técnica para el diseño e implementación de actividades económicas.
Fortalecimiento Educativo: Contribución para reducir el rezago escolar y desarrollar programas de reducción del analfabetismo.
Convivencia: Acciones para fomentar la integración y la buena relación entre hogares reasentados y comunidades receptoras.

En cuanto al plan de vivienda, el Estado y Barrick Pueblo Viejo garantizan soluciones habitacionales dignas. El Estado, específicamente, se comprometió a la construcción de una Unidad de Atención Primaria, un politécnico, un destacamento policial, un mercado y un cementerio municipal en el lugar de destino. Asimismo, se pondrá en funcionamiento una estancia infantil y se mejorará el tramo carretero Cotuí-Nuevos Horizontes.

Voces de los protagonistas: Un modelo de diálogo y responsabilidad

Joel Santos, ministro de Energía y Minas, expresó: “La firma de este acuerdo… representa un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios. Esta etapa marca el inicio de un nuevo capítulo… reafirmando que sí es posible avanzar con responsabilidad social, diálogo y respeto mutuo”. Agradeció la mediación de la Iglesia y el Defensor del Pueblo, destacando que «los conflictos pueden transformarse en oportunidades cuando se prioriza la escucha activa y la búsqueda de consensos».

Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, señaló que este acuerdo es parte de un proceso evolutivo y de aprendizaje, comprometiéndose, junto a la Iglesia Católica, a un acompañamiento continuo para la garantía de los derechos.

Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, afirmó que el programa de reasentamiento fue construido sobre la base de la participación continua, alineándose con la legislación dominicana y la norma de Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Por su parte, Martín Guzmán, representante de los comunitarios, valoró el acuerdo como positivo, indicando que «hemos sacado lo mejor que se ha podido».

Este acuerdo, posible gracias al liderazgo del Ministerio de Energía y Minas y el compromiso de los mediadores, libera todo el potencial del proyecto de expansión de la mina, en beneficio de la República Dominicana, sentando un precedente de gestión participativa y transparencia.