Santo Domingo. – Siete abogados solicitaron al procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, investigar la actuación de los fiscales que habrían intervenido en la solicitud y entrega de órdenes de arresto y allanamiento ejecutadas en operativos policiales que terminaron con la muerte de ciudadanos.
La instancia fue presentada por Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña. Los juristas piden esclarecer el papel del Ministerio Público en los procedimientos que precedieron a los operativos de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) reportados como intercambios de disparos.
Los firmantes solicitan identificar qué fiscales pidieron las órdenes judiciales, quiénes las recibieron y quiénes las entregaron a los agentes. También piden establecer cómo se ejecutaron y si hubo representantes del Ministerio Público presentes. Alegan que, en algunos casos, fiscales habrían intervenido después para levantar las actas de los hechos. Si se confirma que estuvieron ausentes durante los operativos, solicitan determinar las razones.
Según un recuento de los firmantes, basado en comunicados de la Policía Nacional y publicaciones de prensa, 47 personas murieron durante intervenciones policiales entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026. Los abogados sitúan ese período en los primeros 42 días de gestión del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
De acuerdo con el mismo levantamiento, en los 42 días previos al cambio de mando se registraron hasta 14 muertes en circunstancias similares. Los abogados también contabilizaron 39 fallecimientos en operativos policiales durante septiembre y expresaron preocupación por la cifra al compararla con la del mismo mes del año anterior.
Entre los casos citados figuran los de Nathanael Elena Matos, de 18 años, y Willi David Gómez Batista, de 26. Según la instancia, la madre de Gómez Batista cuestionó públicamente la versión policial y sostuvo que su hijo estaba desarmado cuando fue ultimado.
Los abogados también solicitaron investigar el supuesto uso de la expresión «clave 29», que interpretan como una referencia a la muerte de personas perseguidas por las autoridades. En la instancia atribuyen al director de la Policía declaraciones públicas que, a juicio de los firmantes, podrían alentar actuaciones contrarias al derecho a la vida y a las garantías constitucionales.
Los juristas piden examinar esas declaraciones junto con el aumento de muertes que identificaron y las circunstancias de cada operativo. Sostienen que describir un hecho como un intercambio de disparos resulta insuficiente para justificar por sí solo el uso de fuerza letal y reclaman investigaciones independientes.
Las diligencias que solicitan al Ministerio Público
La instancia pide interrogar a los fiscales del Distrito Nacional que solicitaron órdenes relacionadas con las personas que luego fallecieron y requerir a la fiscalía encargada de Asuntos Internos los informes de casos que involucren a agentes policiales, especialmente de la Dicrim.
Los abogados también solicitan recabar información de Kenya Romero Severino, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, sobre las órdenes de arresto expedidas, los fiscales que las solicitaron y las personas a quienes fueron entregadas.
Los firmantes piden abrir una investigación inmediata y que se les comuniquen sus resultados, a fin de determinar si existen responsabilidades penales de miembros de la Policía Nacional o del Ministerio Público. Advirtieron que se reservan el derecho de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a mecanismos de las Naciones Unidas si no reciben respuesta o consideran insuficientes las diligencias.
La denuncia también fue remitida al Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, el Consejo Superior del Ministerio Público, representantes de la Iglesia católica y otras instituciones. Los abogados fundamentan su petición en las garantías constitucionales del derecho a la vida y en las normas procesales y los tratados internacionales que, según exponen, obligan al Estado a investigar las muertes ocurridas durante intervenciones de sus agentes.
