Siete abogados en la República Dominicana se encuentran actualmente bajo proceso disciplinario en el Tribunal Disciplinario de Honor del Colegio de Abogados (CARD). La razón: haber sido condenados por diversos tribunales civiles y penales por incurrir en litigio temerario, una falta grave a la ética profesional.
Dos de estos siete togados, Rosanny Castillo de los Santos y José Franklin Zabala Jiménez, fueron sancionados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en noviembre de 2023. Junto a la empresa que representaban, se les impuso el pago de una multa de RD$120,750. La Segunda Sala de la SCJ, competente en materia civil y comercial, argumentó que ambos incurrieron en un «comportamiento procesal que tipifica la temeridad» con fines dilatorios, al impugnar indebidamente una sentencia preparatoria que no finalizaba el caso.
Abusos de embargos y desacato judicial
Otro caso relevante es el de la abogada Julissa Patricia Montero Román, quien también ha sido declarada litigante temeraria. La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la condenó en marzo de 2025 por incoar «en reiteradas ocasiones embargos retentivos u oposición en perjuicio» de una reconocida farmacéutica, basándose en los mismos pedimentos que ya habían sido levantados en múltiples ocasiones por decisiones judiciales previas.
Por su parte, Lucas Evangelista Mejía Ramírez fue condenado por la jueza Patricia Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, por litigación temeraria. Previo a la condena, la jueza le exigió pruebas para sustentar su acusación de prevaricación contra ella en una querella, a lo que Mejía Ramírez respondió con argumentos sobre la duración del proceso de sus representados y la supuesta falta de pruebas en su contra. La magistrada le insistió en la necesidad de presentar pruebas de prevaricación, mientras el abogado reiteraba su solicitud de inhibición de la jueza. Finalmente, Mejía Ramírez fue condenado al pago de una multa ascendente a 15 días de salario base de un Juez de Primera Instancia, que en el caso de la jueza Padilla, representa una suma considerable de un salario mensual de RD$186,328.
Los tres abogados restantes condenados por litigio temerario son Lilia Fernández Lora, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque. Según el presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Miguel Ángel Díaz Villalona, su sanción se debe a que «a pesar de tener conocimiento de que perpetran diligencias improcedentes, ostentan una conducta censurable». Esta sanción también fue ratificada por la corte.
