Asunción.– Los abogados del presidente de Paraguay, Santiago Peña, comparecieron este viernes ante el Senado para presentar los argumentos técnicos y jurídicos de su defensa en el juicio político abierto contra el mandatario, quien decidió no asistir personalmente pese a haber sido convocado por el Legislativo.
Los representantes legales, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, llegaron al pleno cerca de las 13:00 horas locales, luego de que el Senado rechazara la solicitud de Peña para obtener una prórroga de 72 horas con el propósito de preparar su defensa.
El gobernante había advertido que las 12 horas concedidas por los legisladores eran insuficientes para organizar su estrategia jurídica.
La crisis de Ueno Bank
El proceso político se desarrolla en medio de la controversia generada por la decisión del Banco Central de Paraguay de iniciar la resolución y cierre de Ueno Bank, entidad que durante la administración de Peña recibió importantes recursos de instituciones públicas.
Según las autoridades monetarias, el índice de solvencia de la institución cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, luego de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización. El banco administraba recursos de más de 2,9 millones de clientes.
Los vínculos atribuidos al mandatario con la entidad financiera lo colocaron en el centro de los cuestionamientos políticos.
Peña sigue formalmente en el cargo
Aunque presentó su renuncia el jueves, Peña continúa formalmente como presidente debido a que el Congreso no pudo pronunciarse sobre su dimisión por falta de cuórum. Legisladores oficialistas abandonaron la sesión conjunta convocada para conocer el documento, impidiendo que avanzara el mecanismo de sucesión.
El Senado, que actúa como tribunal en el juicio político, convocó al mandatario para que respondiera a los señalamientos y se espera que el proceso concluya con una decisión sobre su permanencia en el cargo.
La diferencia entre una renuncia y una destitución también tiene consecuencias políticas: si Peña dimite, conservaría los fueros correspondientes a su condición de senador vitalicio; en cambio, una destitución parlamentaria le haría perder esas prerrogativas.
