SANTO DOMINGO. – En un movimiento estratégico para blindar el patrimonio natural de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader juramentó este lunes al comité gestor del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas.
La nueva entidad, creada mediante el Decreto 105-26, nace con una misión clara: ser el «ojo visor» independiente que fiscalice cada decisión sobre los recursos naturales del país.
Vigilancia independiente y multisectorial
A diferencia de otros organismos, este Observatorio tiene un carácter consultivo, multisectorial y honorífico.
No será una dependencia directa que responda a intereses políticos, sino un mecanismo de veeduría sobre el Ministerio de Medio Ambiente (MIMARENA) y otras instituciones estatales.
El objetivo principal es generar información ambiental de acceso público, eliminando el secretismo y permitiendo que la sociedad civil conozca en tiempo real qué se está haciendo con nuestras áreas protegidas.
Los «guardianes» del comité gestor
El comité está integrado por el «corazón» del movimiento ambiental y académico dominicano, lo que le otorga un peso técnico indiscutible:
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Desde la academia: La Academia de Ciencias de la RD y la Comisión Ambiental de la UASD.
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Organizaciones históricas: Grupo Jaragua, Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) y la Fundación Moscoso Puello.
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Activismo y derechos: Acción Verde, Guakia Ambiente, la Federación de Campesinos Hacia el Progreso y FUDDEA-RD.
El cronograma: 45 días para la acción
El decreto no es solo un papel; establece plazos fatales. El comité dispone de 45 días para constituirse como asociación sin fines de lucro (bajo la Ley 122-05) y redactar sus estatutos.
Tras ese periodo, tendrán 15 días para coordinar con el MIMARENA la logística y los recursos económicos que la Presidencia ha prometido como aporte inicial.
¿Por qué esto cambia las reglas del juego?
La creación de este Observatorio responde a una demanda histórica de los ambientalistas de tener una silla en la mesa donde se toman las decisiones.
Al institucionalizar la participación de figuras como Luis Carvajal y diversas fundaciones, el Gobierno busca que la conservación deje de ser una intención política y se convierta en una política de Estado transparente y auditable.
