Santo Domingo. – El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que el Ministerio Público mantiene a toda marcha la investigación del caso Senasa y anunció que en el menor tiempo posible será presentada una segunda fase del proceso, denominada «Operación Cobra 2.0«, así como todas las etapas que sean necesarias.
«Nosotros siempre estamos trabajando, seguimos trabajando con esta versión que hemos judicializado de Operación Cobra y estamos trabajando a toda marcha para, en el menor tiempo posible, tener en los tribunales la siguiente versión», afirmó Camacho al referirse a la continuidad de las indagatorias.
El magistrado reiteró que todas las personas que hayan sustraído fondos públicos del Seguro Nacional de Salud deberán responder ante la justicia.
«Todo el que ha sustraído dinero del Estado en el caso de Senasa va a estar sentado en el banquillo de los acusados. Lo estuvo en la versión anterior y lo estarán en las versiones que sean necesarias en lo adelante», sostuvo. Camacho explicó que el órgano acusador solo somete casos cuando cuenta con suficiencia probatoria, razón por la cual se han impuesto ya medidas de coerción.
Defensa de la prisión preventiva El procurador adjunto defendió la prisión preventiva impuesta a varios de los imputados y afirmó que no existen razones jurídicas para que la decisión sea modificada. «La gravedad que tienen estos hechos, una gravedad descomunal, justifica la medida de coerción y la defenderemos a capa y espada», manifestó. Asimismo, indicó que el Ministerio Público acudió preparado para sostener la legalidad de las restricciones contra los implicados.
Audiencia fue aplazada Camacho informó que el conocimiento de los recursos de apelación fue aplazado para el 3 de febrero, debido a que una de las acusadas se presentó sin abogado. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá en la nueva fecha los recursos que buscan la revocación o variación de la prisión preventiva de 18 meses, en el marco del proceso judicial por presunta corrupción administrativa.
