Jarabacoa, La Vega. — Dos veteranos del Ejército de Estados Unidos interpusieron una demanda judicial contra un socio local por presunto abuso de confianza y estafa superior al millón de dólares, vinculada al desarrollo de un proyecto de turismo médico y bienestar orientado a exmilitares norteamericanos en República Dominicana.
Los demandantes son Alfredo Antonio Cordero Camacho y Terry Wayne Wheat Jr., fundadores de la plataforma de atención médica para veteranos Veterans Community Care Abroad (VCCA), iniciativa que desde 2022 opera centros de servicios de salud especializados en Bávaro y Punta Cana. Ambos acusan al empresario local Gerineldo de los Santos Martínez de incumplir compromisos contractuales relacionados con la expansión del proyecto en Jarabacoa.
De acuerdo con la documentación depositada ante los tribunales, los inversionistas alegan pérdidas que superan los US$1,000,000 por concepto de inversiones no ejecutadas, obras inconclusas, presuntos vicios de construcción y falta de traspaso de terrenos que formarían parte de una sociedad comercial constituida para desarrollar un complejo médico-ecoturístico.
VCCA inició operaciones en 2022 como una red de atención ambulatoria dirigida a veteranos estadounidenses residentes o de visita en el país. Según datos institucionales suministrados por sus ejecutivos, el centro cuenta con especialistas en medicina general, psicología, fisioterapia y otras áreas clínicas.
Cordero Camacho explicó que la elección de Jarabacoa respondió a criterios de entorno natural y condiciones propicias para programas de recuperación física y emocional. El plan contemplaba integrar servicios médicos con hospedaje ecológico y cabañas. Conforme a la copia del acuerdo suscrito entre las partes, el socio local se comprometía a vender y ceder participaciones de varias porciones de terreno que, en conjunto, superan los 50,000 metros cuadrados.
El precio total pactado fue de RD$170 millones —equivalentes en ese momento a unos US$2.8 millones— con un esquema de pagos parciales en pesos dominicanos y dólares estadounidenses. Los demandantes sostienen que, pese a realizar desembolsos, no se concretaron los traspasos de propiedad ni la totalidad de las obras previstas.
Los inversionistas afirmaron que su decisión de acudir a la vía judicial busca proteger la inversión realizada y sentar responsabilidades individuales. Se intentó obtener la reacción del empresario señalado o de su representación legal, sin respuesta al momento de la publicación. El caso se encuentra actualmente en proceso judicial.
