SANTO DOMINGO.– Ante el acelerado avance de la digitalización de documentos y transacciones comerciales en el país, el abogado y empresario Marvin Soriano urgió al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) a implementar programas de capacitación dirigidos a jueces y fiscales sobre el alcance y validez de las firmas digitales simples, avanzadas y cualificadas, amparadas en la Ley 126-02 y el Reglamento 071-19.
Soriano destacó que actualmente rubros esenciales del comercio, como préstamos bancarios, aceptaciones de tarjetas de crédito, contratos de servicios telefónicos y profesionales, e incluso sentencias, se firman digitalmente a diario. Sin embargo, advirtió que existe una carencia de formación previa en los actores del sistema de justicia para entender el valor probatorio de las voluntades plasmadas digitalmente frente a las firmas tradicionales.
El jurista citó como ejemplos la apertura de cuentas bancarias digitales y solicitudes de crédito, donde la validación se realiza mediante pruebas de vida como selfis, fotos de cédulas, contraseñas o simplemente haciendo clic en un botón de aceptación de términos. Estas modalidades de firmas simples, aunque tienen respaldo legal en la era moderna, enfrentan criterios variados y a veces contradictorios por parte de los juzgadores debido al desconocimiento de la normativa vigente.
«Aún las altas cortes no han tenido el tiempo de crear las jurisprudencias ni criterios constitucionales sobre este particular, por la falta de casos ventilados con esta expansión de las firmas de documentos digitales, lo que hace urgente que sean dotados, los jueces y fiscales, de las instrucciones que manda el ordenamiento jurídico», afirmó Soriano.
Finalmente, hizo un llamado a INDOTEL, como órgano regulador, para que vele por estandarizar el uso de estas plataformas y asegurar que, tal como establece la ley, las firmas y documentos digitales tengan el mismo valor probatorio que los documentos físicos, garantizando así un mejor desempeño del Poder Judicial en la resolución de conflictos derivados del comercio electrónico nacional e internacional.
