Santo Domingo.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) dispuso la cancelación de los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo), poniendo fin a una relación contractual iniciada hace casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, localizada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue emitida por la Segunda Sala del TSA mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026, y comprende los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
El tribunal estuvo presidido por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrado además por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu.
Incumplimientos sustentaron la decisión
El proceso tuvo su origen en una acción presentada en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano.
Entre los elementos valorados por el TSA figura que las operaciones productivas de Quisqueya I permanecían paralizadas desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
También se estableció que Falcondo no había presentado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
Según lo expuesto en la decisión, estos incumplimientos afectan obligaciones esenciales de la concesión relacionadas con la explotación efectiva de los recursos mineros y el deber de mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones.
El tribunal consideró además que la inactividad tenía incidencia sobre el interés general asociado a la explotación de los recursos mineros y determinó que los incumplimientos acreditados tenían suficiente gravedad para justificar la terminación contractual.
La sentencia también rechazó los argumentos planteados por las empresas recurridas para procurar que la acción fuera declarada inadmisible.
Una concesión de más de 22 mil hectáreas
La decisión judicial supone un punto de inflexión para Quisqueya I, concesión de aproximadamente 22,392 hectáreas cuya relación contractual con el Estado se remonta a 1956.
El desenlace ocurre luego de que Falcondo paralizara sus operaciones en noviembre de 2023 y entrara posteriormente en una etapa de cuidado y mantenimiento.
La situación tuvo repercusiones laborales y económicas en Monseñor Nouel. De acuerdo con la información suministrada, durante 2024 más de 900 trabajadores fueron desvinculados, mientras otro grupo de exempleados cuyos contratos finalizaron en marzo de 2026 mantiene reclamaciones laborales pendientes que sus representantes estiman en unos RD$300 millones.
También existen reclamaciones de contratistas y suplidores. Según estimaciones atribuidas a los propios acreedores, las obligaciones pendientes superarían los US$100 millones.
Estas cifras corresponden a reclamaciones y estimaciones de las partes involucradas y no implican, por sí mismas, que los montos hayan sido reconocidos judicialmente en su totalidad.
Reestructuración mercantil continuará por separado
La cancelación de los contratos mineros no pone fin automáticamente a los demás procesos relacionados con la compañía.
De manera independiente continúa el procedimiento de reestructuración mercantil bajo la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.
Este proceso tiene un objeto diferente al decidido por el TSA y deberá continuar ante la jurisdicción correspondiente para determinar el tratamiento de las acreencias y demás obligaciones pendientes de la empresa.
En el proceso ante el TSA, el Estado dominicano estuvo representado por el FONPER y contó con la asistencia legal de los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León.
