WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS – El Gobierno del presidente Donald Trump ha demandado a la ciudad de Nueva York por sus políticas migratorias. El Departamento de Justicia acusa a las autoridades locales de «obstruir» la aplicación de la ley federal al mantener sus normativas de «ciudad santuario».
La demanda se enfoca en las políticas neoyorquinas que limitan la colaboración entre la policía local y las autoridades migratorias federales. Los abogados del Gobierno argumentan que Nueva York «ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia en interferir con la aplicación de las leyes de inmigración de este país», y que sus esfuerzos «solo se han intensificado».
Contexto de la demanda y argumentos clave
Esta acción legal forma parte de la estrategia del gobierno de Trump de intensificar sus políticas antimigrantes. Se suma a demandas similares presentadas contra otras localidades y estados de liderazgo demócrata, como Los Ángeles, Colorado, Illinois, Nueva Jersey y el estado de Nueva York.
El Departamento de Justicia sostiene que las políticas «santuario» de Nueva York no solo «dificultan» el trabajo de los agentes de migración, sino que también generan problemas de seguridad pública. Estas políticas, promovidas por distintas alcaldías desde 1989 y expandidas en 2014 bajo el alcalde Bill de Blasio, incluyen la limitación de comunicación entre agentes migratorios y cárceles locales, así como el cierre de una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Rikers, la prisión más grande de la ciudad.
La postura de los defensores de las ciudades santuario
Por otro lado, los defensores de las políticas de ciudad santuario argumentan que estas son esenciales para mejorar la seguridad en las comunidades. Según ellos, permiten a los migrantes reportar delitos o abusos sin temor a la deportación, lo que fomenta una mayor colaboración con las autoridades locales.
Datos de la New York Immigration Coalition indican que los condados con políticas de santuario registran, en promedio, 35.5 delitos menos por cada 10,000 personas en comparación con aquellos sin estas políticas, sugiriendo un impacto positivo en la seguridad pública.
