El Tribunal Constitucional (TC) estableció un precedente de alto impacto jurídico al ordenar el levantamiento del bloqueo irregular de cuentas bancarias aplicado sin orden judicial contra un ciudadano, medida que se mantenía vigente desde el año 2019.
El máximo intérprete de la Constitución acogió el recurso presentado por el afectado y determinó que la inmovilización de sus productos financieros carecía de sustento legal. Si bien el ciudadano había sido vinculado a una investigación penal, el TC precisó que la autorización judicial obtenida por el Ministerio Público se limitaba exclusivamente al acceso a información financiera, mas no facultaba el bloqueo o paralización de cuentas bancarias.
En su sentencia, el Tribunal calificó como “manifiestamente arbitraria” la actuación tanto de la entidad bancaria como de los organismos reguladores involucrados, al subrayar que solo un juez competente está legalmente habilitado para ordenar una medida de esta naturaleza. De este modo, el fallo pone freno a la aplicación indiscriminada de medidas preventivas dentro del sistema financiero nacional.
La decisión del Tribunal Constitucional refuerza la protección del derecho fundamental de propiedad, fortalece las garantías del debido proceso y sienta un precedente relevante para los usuarios del sistema bancario, al establecer límites claros frente a eventuales excesos administrativos o financieros.
