Bangkok.– Singapur sigue ahorcando a personas condenadas por tráfico de drogas a un ritmo acelerado con el que puede batir este año su propio récord de 2025, cuando ejecutó a 17 personas, según ONG, ignorando las críticas de la comunidad internacional y yendo a contracorriente de los países vecinos.
Las autoridades de la próspera ciudad-Estado han ejecutado este año a cinco personas, un ciudadano malasio entre ellos, en un pequeño país insular con 3,200 reos encarcelados por infringir sus draconianas leyes contra el narcotráfico, de acuerdo con cifras oficiales.
Se trata de un ritmo acelerado que sigue la línea del año anterior, cuando se superó el récord previo de ejecuciones —13— del que tenían constancia grupos como Amnistía Internacional: según las ONG que monitorizan los ahorcamientos a través de familiares, 17 personas fueron ejecutadas en 2025, mientras que las autoridades reconocen 15. La semiautocrática isla defiende las ejecuciones, en contraste con otros países del Sudeste Asiático, que o bien han reducido su uso en los últimos años o han dado pasos hacia la abolición.
Un sistema indetenible
La singapurense Kirsten Han, directora de la revista Mekong Review y una de las activistas contra la pena de muerte más conocidas de la pequeña isla, dijo a EFE que no hay explicación oficial sobre la aceleración de las ejecuciones, que ocurre mientras la delegación de la Unión Europea (UE) en el país ha pedido detenerlas, secundando la alerta emitida en enero por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. «No hemos visto ninguna explicación oficial sobre su aceleración. Tengo la sensación de que llevan a cabo (ejecuciones) con tanta rapidez simplemente porque pueden», señaló Han.
Gobernada por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia de Malasia en 1965, la isla ha defendido un modelo que combina el aperturismo económico con la opresión de libertades.
Tras décadas de mandato de la dinastía Lee, el centro financiero y uno de los países con mayor PIB per cápita del mundo se encuentra gobernado desde 2024 por el primer ministro Lawrence Wong. Bajo su mando, la isla «no ha dado ninguna señal de cambiar la política sobre ejecuciones», alertó el pasado año Human Rights Watch. El director de la agencia antinarcóticos de Singapur, Sebastián Tan, defendió el uso de la pena capital sobre «los crímenes más serios»: casos en los que el tráfico supere los 15 gramos de heroína o el medio kilo de marihuana, como recoge la ley local. «No podemos arriesgarnos a que el consumo de drogas se normalice», insistió el funcionario en el informe anual de la agencia, que da cuenta de 1,165 arrestados en 2025.
A contracorriente
En lo que va de año, la UE ha llamado en dos ocasiones a detener ejecuciones en Singapur, recordando que no hay estudios que respalden la pena de muerte como medida disuasoria. «Abogamos por que Singapur adopte una moratoria sobre todas las ejecuciones como primer paso hacia su abolición total», dicen los comunicados de Bruselas, en línea con la ONU.
Según datos de Naciones Unidas, unos 170 países han abolido la pena capital o introducido una suspensión, si bien estas aumentaron en una decena de naciones en 2025.
En la región, la vecina Malasia abolió en 2023 la pena de muerte obligatoria; Indonesia cumple este año una década sin ejecuciones; y Tailandia no ejecuta desde 2018. Destaca por el lado contrario Birmania, bajo el control de una junta militar desde el golpe de 2021, que reactivó en 2022 las ejecuciones.
En el caso de Singapur, la isla mantiene la horca como método único para las ejecuciones, que ocurren de manera opaca y normalmente al alba en la prisión de Changi. La ONG Transformative Justice Collective cree que Singapur «necesita urgentemente replantear su enfoque en materia de drogas».
