El Senado de la República aprobó este jueves en segunda lectura, y con modificaciones, el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas a contratistas del Estado y crea una comisión para revisar las reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal. Por esta razón, la iniciativa regresa a la Cámara de Diputados para su conocimiento en única discusión.
Esta legislación busca establecer un mecanismo de validación para saldar compromisos acumulados durante décadas, algunos de los cuales datan desde 1996, y que han afectado a cientos de contratistas. La pieza fue modificada con una propuesta del senador Ramón Rogelio Genao, quien explicó que los cambios introducidos responden a la necesidad de armonizar el contenido del proyecto con el trabajo realizado por instancias técnicas, particularmente en el área de educación.
«Se organizó el estado de las reparaciones constructivas de las escuelas en función de la estructura del Ministerio de Educación, por regionales, distritos y provincias, para que sea afín con el trabajo realizado por la comisión creada por el Poder Ejecutivo», indicó Genao al salir de la sesión.
El legislador agregó que las modificaciones también incorporan casos que no habían sido contemplados previamente, tomando como base informaciones remitidas por la comisión revisora.
Comisión encargada
El proyecto establece la creación de una comisión encargada de revisar, validar y confirmar cada reclamación antes de autorizar cualquier pago, en un intento por dotar de mayor transparencia el proceso y evitar irregularidades. Según consta en la iniciativa, entre los beneficiarios figuran contratistas que aún esperan pagos, así como otros que fallecieron sin haber recibido la compensación correspondiente por obras ejecutadas para el Estado.
Fue observada por el Ejecutivo
La propuesta legislativa proviene de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada mediante un procedimiento acelerado y sin el respaldo de la oposición. Esta nueva versión sustituye una legislación anterior aprobada en enero de este año, que fue observada por el presidente Luis Abinader.
En ese momento, el Poder Ejecutivo objetó la pieza alegando que no identificaba con precisión a los beneficiarios ni establecía claramente las fuentes de financiamiento. A diferencia de la propuesta previa, que incluía un listado cerrado de 571 acreedores, el nuevo enfoque elimina ese esquema y apuesta por un proceso de verificación caso por caso.
