Asunción, Paraguay.– La renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, anunciada este jueves 5 de noviembre, puso nuevamente bajo escrutinio sus vínculos financieros con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank, cuya intervención dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas.
Peña mantuvo durante aproximadamente 19 meses de su mandato una participación accionaria en Ueno Holding Saeca, empresa vinculada al Grupo Vázquez, propietario de la entidad financiera.
De acuerdo con documentos examinados por el periódico paraguayo ABC Color, el mandatario declaró acciones valoradas en 6,144 millones de guaraníes, equivalentes entonces a unos US$840,000. Su participación representaba el 1.58 % del capital de Ueno Holding en marzo de 2025.
Aunque Peña comunicó en abril de 2025 que se había desvinculado de Ueno Holding, sus relaciones financieras con Ueno Bank continuaron.
Según sus declaraciones juradas, las inversiones mediante certificados de depósito de ahorro en esa entidad aumentaron de 2,400 millones de guaraníes en 2023 a 5,600 millones en septiembre de 2025, un incremento del 133 %.
El mandatario también declaró un préstamo bancario relacionado con la construcción de una residencia de verano en San Bernardino, cerca del lago Ypacaraí.
Las investigaciones periodísticas identificaron, además, que Francisco Peña Palacios, hermano del presidente, había sido accionista de una sociedad constituida en Luxemburgo y relacionada con la estructura propietaria de Ueno Bank.
Su participación, valorada en aproximadamente US$58,000, fue transferida al Grupo Vázquez en marzo de 2025, según los registros mercantiles citados por ABC Color.
Ueno Bank experimentó un rápido crecimiento durante el Gobierno de Peña y llegó a administrar aproximadamente US$850 millones en depósitos de instituciones públicas, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Sin embargo, el pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay inició un procedimiento de resolución de la entidad tras detectar graves deficiencias de solvencia.
Las investigaciones también pusieron bajo cuestionamiento operaciones crediticias con empresas vinculadas a los propietarios del banco, así como los mecanismos de supervisión utilizados por las autoridades financieras.
La intervención provocó protestas de ahorristas y abrió investigaciones contra directivos de la institución.
La crisis financiera escaló hasta el Congreso paraguayo, donde legisladores acusaron al mandatario de presuntos conflictos de intereses y cuestionaron el manejo de los fondos públicos depositados en el banco.
Este jueves, Peña anunció su renuncia mediante un mensaje dirigido a la nación, mientras la Cámara de Diputados debatía el inicio de un juicio político en su contra.
Posteriormente, los diputados aprobaron por 78 votos contra ninguno la acusación para someterlo a ese procedimiento, que deberá continuar en el Senado.
Peña ha negado haber cometido irregularidades relacionadas con sus inversiones y afirmó que su decisión de abandonar el cargo responde a la necesidad de preservar la estabilidad del país.
La renuncia también debe completar el procedimiento constitucional correspondiente, mientras el vicepresidente Pedro Alliana figura como su sucesor.
Las relaciones empresariales y financieras documentadas constituyen parte de los cuestionamientos políticos surgidos tras la caída del banco, pero no demuestran por sí solas la participación del mandatario en las irregularidades investigadas.
