Santo Domingo. — Una red de más de 30 empresas habría operado durante años manipulando procesos de licitación pública para concentrar contratos millonarios en instituciones del Estado, como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos, según un expediente depositado ante la Procuraduría General de la República por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, definió esta estructura como un “cártel de proveedores”, comparándola con las redes del narcotráfico por su nivel de organización y coordinación.
“Este caso está orientado de manera muy clara a una estructura de proveedores organizada, que es un cártel. Un grupo de mafiosos reunidos con un fin”, declaró Pimentel en entrevista con N Investiga.
De acuerdo con el reportaje, esta es la primera vez que un organismo estatal califica como “cártel” a una red de empresas que actuaban en colusión, rotando adjudicaciones y concentrando contratos multimillonarios.
Empresas señaladas y patrón de colusión
Entre las firmas identificadas figuran Inversiones Q-Tek, Tingley Business SRL y Empresas Integradas SAS, vinculadas al empresario Munir Manuel Kury Hazoury. Según las investigaciones, estas compañías habrían utilizado mecanismos como los llamados “candados” en los pliegos de condiciones, exigiendo cartas de autorización del fabricante para limitar la competencia y direccionar los contratos.
El expediente revela que tales cartas fueron requeridas incluso para la compra de productos básicos como arroz, aceite o habichuelas, lo que contraviene la naturaleza técnica del requisito. Pese a las denuncias, las mismas empresas continuaron obteniendo contratos.
En septiembre pasado, el Plan Social pagó 904 millones de pesos en una licitación para adquirir alimentos, donde Inversiones Q-Tek y Empresas Integradas SAS concentraron más de 554 millones, con precios hasta un 60 % más altos que en otros procesos públicos.
En otra licitación de abril de 2025, Empresas Integradas recibió más de 140 millones e Inversiones Q-Tek más de 523 millones por la compra de electrodomésticos, representando el 98 % del monto total adjudicado.
Falsificación y amenazas
El reportaje también documenta falsificación de registros sanitarios, uso de testaferros en empresas recién creadas y amenazas a proveedores competidores.
Pimentel señaló que estos casos confirman el carácter mixto de la corrupción en el país:
“En los casos de corrupción que hemos conocido hasta este momento siempre está la participación público-privada. No es posible solo un funcionario ni solo un proveedor”, indicó.
Medidas y sanciones
Tras las revelaciones, la DGCP emitió la circular 2025-0008, eliminando definitivamente la carta de autorización del fabricante, y anunció que el expediente será remitido a ProCompetencia para investigar posibles acuerdos ilegales de manipulación del mercado estatal.
El caso coincide con la entrada en vigor de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada en julio, que refuerza las sanciones administrativas y penales para funcionarios y proveedores.
“Esta ley devuelve el sistema de consecuencias al sistema de contrataciones. Establece sanciones administrativas y penales de hasta diez años de prisión”, recordó Pimentel.
La investigación de N Investiga concluye que este cártel de proveedores no solo drenó fondos públicos, sino que dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema de compras del Estado, donde durante años los mismos actores controlaron, desde la sombra, las reglas del juego.
