La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, Miolany Herasme, impuso este martes medidas de coerción contra los propietarios de la empresa de plásticos Vidal Plast, a quienes el Ministerio Público responsabiliza de la explosión ocurrida en esa ciudad el pasado 14 de agosto, que ha cobrado la vida de 37 personas.

La medida consiste en impedimento de salida, colocación de un localizador electrónico, presentación periódica y garantía económica.

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En el caso de Maribel Sandoval y Michelle Sandoval, la magistrada determinó que estas deberán pagar un millón de pesos, mientras que Edward Vidal 300 mil pesos, además del uso de un grillete electrónico.

La explosión ocurrida el 14 de agosto en San Cristóbal dejó un saldo de 37 personas fallecidas, 59 personas heridas y daños materiales que, hasta el momento, no se han podido cuantificar.

De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de esa demarcación, emitido en fecha de 29 de agosto, la causa del incendio fue producto de la emanación de gases combustibles generados por el calentamiento de los plásticos acumulados en el almacén. Los gases se mantuvieron en el lugar sin la posibilidad de que se evaporaran a través de la escasa ventilación, «creando una significativa acumulación en el tiempo, los cuales pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida».

Agrega que los patrones de afectación de la estructura, el recorrido de los materiales destrozados y esparcidos, la intersección de las líneas perpendiculares de las ondas expansivas, así como la trayectoria de los fragmentos de los materiales en las diferentes direcciones, evidencian que el epicentro de la explosión lo ubican en la calle Padre Ayala casi esquina Jacinto J. Peynado.