Santo Domingo. – El Ministerio Público pidió al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, imponer medida de coerción en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos.
El procurador adjunto Pedro Amador en la instancia pidió al juez imponer presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de 100 millones como medida de coerción.
Asimismo, la Procuraduría pide al juez que disponga que se mantengan las medidas cautelares de secuestro, incautación. Y las oposiciones a traspasos que pesan sobre los inmuebles en poder del Ministerio Público. Y la inmovilización de los productos bancarios activos en el presente proceso. Eso, hasta tanto se pronuncie o no su decomiso definitivo por ante el tribunal que resulte competente para celebrar el juicio de fondo.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, había instruido investigar a la diputada Rosa Amalia Pilarte López por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Acusación
Según el expediente, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
El documento describe que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Asimismo se detalla que se comprobó la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer es partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El MP dice haber podido comprobarlo porque “las millonarias sumas no guardan relación con sus actividades productivas e ingresos lícitos conocidos y declarados a las autoridades”.
