Asunción.– El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, presentó este martes su renuncia al cargo en medio de las gestiones de la Cámara de Diputados para someterlo a un juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones.
Rolón comunicó su decisión mediante una carta dirigida al presidente paraguayo, Pedro Alliana, en la que explicó que dimitía en el contexto del proceso de juicio político iniciado en la Cámara Baja.
Horas antes, legisladores de la oposición y sectores disidentes del oficialismo habían presentado una acusación para solicitar su destitución, cuestionando principalmente su actuación en las investigaciones relacionadas con Ueno Bank, entidad financiera intervenida por problemas de solvencia.
Los diputados alegaron una presunta conducción deficiente de las pesquisas sobre el banco y señalaron que Rolón habría mantenido durante siete meses una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el entonces presidente Santiago Peña.
El futuro del proceso de destitución
La diputada opositora Rocío Vallejo, una de las promotoras del juicio político, afirmó a la emisora ABC Cardinal que el procedimiento quedaría sin efecto si Alliana acepta formalmente la renuncia del fiscal general.
Vallejo indicó que, en ese escenario, el fiscal adjunto penal de mayor antigüedad debería asumir interinamente la dirección del Ministerio Público.
Rolón había asumido el cargo en marzo de 2023 para un periodo de cinco años.
La crisis bancaria y política
Su renuncia se produce en medio de la crisis generada por la intervención de Ueno Bank, anunciada por el Banco Central de Paraguay el pasado 3 de noviembre. La medida afectó a numerosos clientes que quedaron temporalmente sin acceso a sus depósitos, así como a instituciones públicas que mantenían recursos en la entidad.
El caso también ha tenido repercusiones políticas por las denuncias relacionadas con la gestión del expresidente Santiago Peña, quien, según el reporte, fue acusado por la Fiscalía de asociación criminal y posteriormente ingresado en una cárcel militar.
La crisis se suma a las tensiones institucionales derivadas de la salida de Peña y de los procedimientos políticos y judiciales que han involucrado a las principales autoridades del país.




