Cuando se habla de los salarios más altos del Estado dominicano, basta con revisar la nómina del sector monetario y financiero, en especial los salarios en el Banco Central, cuyo gobernador es el funcionario mejor pagado de la administración pública.
Su salario mensual asciende a RD$1,904,940, una cifra que supera la suma de los ingresos del presidente de la República y los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia juntos.
En conjunto, el presidente Luis Abinader, Ricardo de los Santos, Luis Henry Molina y Yeni Berenice Reynoso devengan RD$1,778,000 mensuales; es decir, RD$126,940 menos que el sueldo del gobernador del Banco Central. Los salarios individuales son los siguientes: Luis Abinader RD$450,000, Ricardo de los Santos RD$400,000, Luis Henry Molina RD$528,750 y Alfredo Pacheco RD$400,000. Incluso, si a la suma de los salarios de los máximos representantes de los tres poderes del Estado se le adiciona el sueldo del director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz, RD$250,000 mensuales, sólo de esta manera es superado Albizu con 143 mil pesos.
Después del gobernador del Banco Central, el funcionario mejor remunerado es el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, con un salario de RD$1,145,184 mensuales. También figuran entre los sueldos más elevados los superintendentes de Seguro, Julio César Valentín, y de Valores, Ernesto Bournigal Read, ganan RD$800,000 pesos cada uno. El director de Aduanas (Nelson Arroyo) gana RD$630,919 pesos. El director de Impuestos Internos, Pedro Porfirio Urrutia, devenga un salario más modesto de RD$598,772 pesos, pero es muy superior a lo que ganan los jerarcas de los tres poderes del Estado y las altas cortes. La propia Ley 105-13 permite que organismos autónomos y reguladores establezcan escalas salariales especiales, respetando criterios internos y regímenes propios.
Lo que dice la Ley 105-13
La situación plantea interrogantes sobre el cumplimiento del espíritu de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, creada precisamente para establecer criterios de equidad, transparencia y jerarquía en las remuneraciones de los servidores públicos. La normativa señala que la política salarial debe corregir distorsiones, reducir brechas y garantizar una estructura coherente dentro de la Administración pública.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es el principio de jerarquía salarial, que establece que ningún servidor público podrá devengar un salario superior al del titular del órgano o entidad donde presta servicios, ni tampoco superior al cargo inmediatamente superior dentro de la estructura institucional. Asimismo, la legislación promueve la equidad salarial y la correspondencia entre la complejidad de las funciones y la remuneración percibida.
La propia Ley 105-13 reconoce, sin embargo, que organismos con régimen constitucional propio, como el Banco Central, pueden establecer sus escalas salariales mediante resoluciones internas. No obstante, dichas escalas deben respetar los principios generales contenidos en la normativa, incluyendo los criterios de equidad, transparencia y jerarquización salarial.
Otros elementos que llaman la atención:
Salario presidencial de referencia: La ley fijó en su momento un salario bruto máximo de RD$450,000 para el presidente de la República.
Topes institucionales de referencia: Se fijó un tope de hasta RD$400,000 para los presidentes del Senado, Cámara de Diputados y Suprema Corte de Justicia. Aunque estos montos han sido actualizados posteriormente mediante disposiciones administrativas y presupuestarias, sirven como referencia para evidenciar la magnitud de las diferencias salariales existentes dentro del aparato estatal.
El debate sobre los salarios en el sector público trasciende el monto que recibe cada funcionario.
Ingresos
1.9 Millones de pesos: Es el salario que devenga el gobernador del Banco Central, lo que le convierte en el más elevado.
