La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido apoderada de una querella formal contra el expresidente y los demás exmiembros del pleno de la Cámara de Cuentas. La acusación principal es por haber bloqueado durante cuatro años auditorías externas en casos de corrupción, un hecho que, según los querellantes, «afectó gravemente los mecanismos de control institucional del país».
La querella fue interpuesta por Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), y Domingo Rojas Pereyra, presidente de la Fundación Nacional de la Juventud (FANAJUD), representados por los abogados Carlos Sánchez y Salvador Encarnación Peguero.
Los denunciantes solicitan a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que investigue a fondo las acciones u omisiones de la pasada gestión de la Cámara de Cuentas. Argumentan que esta parálisis dejó al país «sin fiscalización independiente», forzando a que todas las auditorías fueran realizadas por la Contraloría General de la República, lo que «debilitó los mecanismos de control del gasto público».
Los acusados en la querella son Janel Andrés Ramírez Sánchez (expresidente), Elsa María Cataño Ramírez, Tomasina Tolentino de McKenzie, Mario Arturo Fernández Burgos, y Elsa María Peña Peña. Se les imputa la violación de la Constitución dominicana, la Ley de Compras y Contrataciones (340-06), así como delitos de asociación de malhechores, concusión, coalición de funcionarios y delitos de alta tecnología (Ley 53-07).
Acusaciones adicionales por el fallido voto automatizado
La querella también extiende sus acusaciones al fallido proceso de voto automatizado implementado en las elecciones municipales de febrero del año pasado. Los denunciantes sostienen que el sistema, adquirido por la Junta Central Electoral (JCE), presentó un «problema» que impidió la visualización completa de los candidatos y partidos políticos en las pantallas.
Esta situación, calificada de «insólita», obligó a las autoridades electorales a suspender la votación cuatro horas después de su inicio, debido a un «fallo generalizado» en las máquinas de votación. La querella señala que, aunque la Cámara de Cuentas había comunicado previamente algunos errores en el sistema, sus miembros y funcionarios de áreas clave decidieron «irresponsablemente» no interrumpir los comicios.
Se menciona que, meses después, el propio presidente de la JCE admitió públicamente que «se había cometido un error» al no realizar una prueba total del sistema, tal como lo exigen las normativas. Los querellantes resaltan que estas declaraciones, consideradas «incriminatorias», son verificables en medios de comunicación.
Finalmente, la denuncia recuerda que, antes de la suspensión de esos comicios (el 9 de octubre de 2019), Janel Andrés Ramírez Sánchez había presentado su renuncia como miembro titular del órgano auditor, renuncia que fue revocada días después por supuestas «presiones y chantajes ejercidos por los demás miembros del pleno de la Cámara de Cuentas».
