En la era de la inteligencia artificial y el teletrabajo, el acceso a Internet no es un lujo, es un derecho habilitador de salud, educación y empleo. Un reciente estudio titulado Desigualdad en el acceso a Internet fijo: un análisis territorial para la República Dominicana, revela que la conectividad en el país no solo es escasa en términos absolutos, sino que está fragmentada. Según el análisis, en el 87.5 % del territorio nacional, solo unos 5 a 6 hogares de cada 10 tienen conexión fija.
La investigación realizada por el profesor del Área de Ingenierías, Wilson Ramírez, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), pone cifras a esta realidad.
Si se mantiene el ritmo de crecimiento actual, la mayoría de las provincias dominicanas tardarían entre 11 y 20 años en lograr la conectividad plena (un servicio por cada hogar).
El mapa de la desigualdad
El estudio identifica una brecha entre los «polos de conectividad» y las zonas de rezago. El Distrito Nacional se posiciona como el líder indiscutible con una densidad de penetración del 26 %, seguido por La Altagracia con un 15 %. En el extremo opuesto, la provincia Independencia refleja la cara más dura de la brecha digital con apenas un 1.60 % de conectividad. Esto significa que, en esta provincia fronteriza, por cada 100 personas, ni siquiera dos tienen acceso a un contrato de internet en su hogar.
Esta diferencia de 24.66 puntos porcentuales entre la zona más conectada y la menos favorecida evidencia que el lugar donde nace un dominicano determina drásticamente su acceso a las herramientas del siglo XXI.
El «Índice Ana-Mari»
Una de las contribuciones más notables del profesor Ramírez es la creación del Índice Ana-Mari. A diferencia de las métricas tradicionales que solo miden quién tiene Internet y quién no, este nuevo índice identifica «zonas frágiles con potencial».
«No todas las zonas con baja conectividad son iguales», sugiere el marco metodológico del estudio. El Índice Ana-Mari permite localizar territorios que, aunque hoy están rezagados, tienen una población creciente que demanda conexión. El estudio destaca que estas zonas requieren un incremento del 21.8 % en el acceso per cápita para alcanzar niveles de equidad mínimos.
«La conectividad universal no es inmediata», advierte el documento. El análisis espacial también confirma que las provincias con baja penetración tienden a agruparse geográficamente, creando grupos de exclusión que requieren planes nacionales escalonados y subsidios focalizados.
¿Qué se necesita para acelerar el paso?
El estudio del profesor Ramírez no solo diagnostica el problema, sino que propone una hoja de ruta diferenciada según la realidad de cada zona. Para los polos estables como el Distrito Nacional y La Romana, el enfoque debe centrarse en optimizar la infraestructura existente y acelerar el despliegue de tecnologías de vanguardia como el 5G. En estos puntos, donde el mercado está más maduro, la prioridad es la calidad y la velocidad de la red.
Por otro lado, en territorios emergentes como Elías Piña y Pedernales, la estrategia requiere reducir las barreras regulatorias para incentivar la entrada de nuevas operadoras que compitan por una demanda que ya existe, pero no está satisfecha. Finalmente, para las zonas de rezago más crítico, la investigación sugiere que la única vía real es la intervención estatal directa. Esto implica crear incentivos fiscales agresivos y subsidios a la demanda que hagan viable llevar el servicio a donde el mercado por sí solo no llega.
El estudio concluye que, si República Dominicana aspira a una verdadera inclusión social, la inversión en infraestructura tecnológica; así como también políticas públicas orientadas a la conectividad, centradas en zonas digitalmente rezagadas como es la frontera del país, deben ser tan prioritarias como la construcción de carreteras. Sin una intervención decidida, el futuro digital de millones de dominicanos seguirá cargando a una velocidad demasiado lenta.
