Santo Domingo.— Mediante el Decreto 197-26, el Poder Ejecutivo dispuso la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar, con el objetivo de culminar el proceso de depuración, validación y formalización del sector.
La decisión se produce ante el alto volumen de solicitudes pendientes de regularización, luego de agotarse los plazos concedidos en 2022 por el entonces Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Hacienda y Economía, para que estos negocios se adecuaran a las disposiciones legales y tributarias vigentes.
Como parte de la reactivación, el Decreto fortalece la participación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), institución que tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento tributario de los operadores, la incorporación provisional de los establecimientos al régimen fiscal y el respaldo a los procesos de fiscalización y control.
La disposición también reorganiza el Consejo Consultivo para el seguimiento del Plan de Regularización, integrando a todos los actores involucrados en la industria del juego y la supervisión estatal.
El organismo estará conformado por un representante del Ministerio de Hacienda y Economía, la DGII, el INDOTEL, la OGTIC, el administrador de la Lotería Nacional, dos miembros de su Consejo Consultivo, un delegado de Fenabanca, un representante de los concesionarios, uno de la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, otro de la Comisión Hípica Nacional, un representante de la Asociación de Casinos de Juegos y el Arzobispo Coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.
Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con ese consejo, a elaborar, proponer y adecuar los instrumentos normativos necesarios para viabilizar la continuación efectiva del proceso de regularización, mientras que temporalmente el administrador de la Lotería Nacional fungirá como coordinador operativo, administrativo y de seguimiento.
La pieza legal, firmada el 26 de marzo de 2026, también deroga el Decreto 295-22, dejando sin efecto la estructura anterior y consolidando un nuevo esquema institucional para la supervisión de bancas, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar.
