SANTO DOMINGO.– La vicepresidenta Raquel Peña, en condición de encargada del Poder Ejecutivo, dispuso la extradición hacia Estados Unidos de tres ciudadanos dominicanos requeridos por autoridades judiciales de Puerto Rico y Nueva York por distintos procesos relacionados con narcotráfico, homicidio, agresión, posesión ilegal de armas y fraude electrónico.
Las decisiones están contenidas en los decretos 716-26, 717-26 y 718-26, mediante los cuales el Poder Ejecutivo autorizó la entrega de Darío Bautista, Ramón Joaquín Romero Bastardo y Luis Arismendy Paca Méndez.
El Decreto 716-26 dispone la extradición de Darío Bautista, quien es requerido por una acusación presentada el 28 de agosto de 2025 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
De acuerdo con la solicitud estadounidense, Bautista enfrenta una imputación por presunta asociación delictuosa para importar hacia territorio estadounidense cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.
En tanto, mediante el Decreto 717-26 se autorizó la extradición de Ramón Joaquín Romero Bastardo, requerido por autoridades del estado de Nueva York.
La acusación, identificada con el expediente IND-74900-24 y presentada el 29 de octubre de 2024 ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado del Bronx, le atribuye cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, agresión en grupo en primer grado, agresión en segundo grado y posesión ilícita de un arma en cuarto grado.
El tercer caso corresponde a Luis Arismendy Paca Méndez, cuya extradición fue autorizada mediante el Decreto 718-26.
Paca Méndez es requerido en virtud de una acusación sustitutiva presentada el 12 de febrero de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
Las autoridades estadounidenses le atribuyen presunta asociación delictuosa para cometer fraude electrónico.
Las disposiciones establecen que las entregas deberán efectuarse conforme a las garantías y condiciones contempladas en el Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, aprobado en 2016.
La autorización de las extradiciones no constituye una declaración de culpabilidad sobre los cargos formulados. Los tres requeridos deberán responder ante las jurisdicciones estadounidenses correspondientes, donde continuarán los respectivos procesos judiciales.
