El Ministerio Público solicitó al juez de instrucción a cargo del control de las investigaciones una prórroga de cuatro meses para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados, en el marco del proceso que investiga una presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.
La solicitud fue depositada ante la jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
El caso será remitido al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción, quien deberá notificar a la defensa de los imputados y a los abogados que representan al Estado dominicano, además de fijar una audiencia para conocer la petición.
Imputados y medidas de coerción
Junto a Santiago Hazim figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma.
Los cinco primero guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma, se encuentra bajo arresto domiciliario.
También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario y quienes ya habían admitido ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, colaboración que les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
Un desfalco de miles de millones de pesos
Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones. Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, y falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público reiteró que el caso permanece abierto y que, además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación.
