A varios días de anunciarse el acuerdo migratorio entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir temporalmente a extranjeros deportados de terceros países, las autoridades dominicanas aún no han informado cuándo comenzarán los traslados ni cuántas personas llegarán al país bajo este mecanismo.
La falta de detalles oficiales mantiene abiertas las interrogantes sobre la implementación del convenio, mientras en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), principal punto de entrada previsto para estas operaciones, persiste el hermetismo respecto a la llegada de los primeros vuelos.
Funcionarios de la Dirección General de Migración y representantes de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) han señalado que todavía no han recibido notificaciones oficiales relacionadas con la programación de estas operaciones aéreas.
El acuerdo establece que República Dominicana recibirá de manera temporal a extranjeros deportados desde Estados Unidos cuyos países de origen enfrentan dificultades para concretar su repatriación. La medida forma parte de una estrategia regional impulsada por Washington y que también ha sido adoptada por otras naciones de América Latina.
La decisión marca además un cambio respecto a la posición expresada anteriormente por el presidente Luis Abinader, quien había manifestado que el país únicamente recibiría a ciudadanos dominicanos deportados.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el memorando de entendimiento tiene carácter no vinculante y contempla la recepción temporal de extranjeros sin antecedentes penales. El convenio excluye expresamente a ciudadanos haitianos y a menores de edad no acompañados.
Las autoridades han explicado que los migrantes permanecerán en condición de tránsito dentro del territorio dominicano mientras se coordinan los procedimientos para su retorno a sus respectivos países de origen.
Sin embargo, todavía no se ha informado el tiempo máximo de permanencia ni la cantidad exacta de personas que serían recibidas. La única referencia oficial indica que se trataría de un número reducido de migrantes.
La iniciativa está dirigida principalmente a ciudadanos de países de África, Europa Oriental y Asia cuyos procesos de repatriación presentan obstáculos diplomáticos, legales o logísticos.
Mientras tanto, acuerdos similares implementados en El Salvador, Costa Rica y Panamá han generado debates y observaciones por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre los desafíos jurídicos y humanitarios asociados a este tipo de programas.
A la espera de definiciones oficiales, el acuerdo continúa generando interrogantes sobre su alcance, funcionamiento y fecha de inicio en territorio dominicano.
