Participación Ciudadana llamó la atención del Gobierno, partidos políticos, órganos electorales y público en general acerca del uso de los recursos públicos para campaña, a propósito de que en breve tiempo el país estará sumergido en un amplio proselitismo.

Destaca el uso abusivo de la publicidad estatal para resaltar la figura presidencial o de determinados funcionarios, promocionando supuestos logros, instituciones y obras de infraestructura que no ameritan propaganda, debido a que no conllevan valor de mercado para el consumidor.

Citó que el pasado 12 de mayo el presidente Luis Abinader declaró su disposición de mantenerse vigilante para impedir que los recursos del Estado sean usados en campaña, indicando que en su Gobierno no pasará lo que ha sido común en el pasado.

Sin embargo, el movimiento cívico destaca que al parecer el mandatario no ha visto los frecuentes anuncios del Ministerio de Obras Públicas, promocionando los supuestos progresos en la reparación de la Autopista Duarte, como si se estuviera promoviendo un producto que se vende en los supermercados.

Menciona también los habituales espacios pagados de Proconsumidor y la propia Presidencia, mostrando datos en que compara el costo de la canasta básica entre diferentes países, usando números claramente inventados.

GASTO EXCESIVO

“Según datos publicados en la página web de la Dirección General de Presupuesto, durante el pasado año 2022 el Gobierno gastó RD$6,375 millones en publicidad y propaganda, lo que constituye casi el doble que lo destinado a ese fin el año anterior, cuando se habían gastado 3,651 millones de pesos”, expresa en una declaración de prensa.

Participación Ciudadana indicó que, con eso, el presente gobierno casi iguala, en términos reales, las cifras escandalosas que acostumbraban gastar en propaganda los gobiernos del PLD que, en su año de mayor esplendor en el 2019, llegaron a gastar 6,995 millones de pesos, en valor actual, aunque en valores corrientes eran RD$5,215 millones.

“Esto es mucho decir, toda vez que uno de los aspectos que más molestaban a la opinión pública del país, era la cantidad de anuncios, opiniones prepagadas y cantos de alabanza que se agenciaban con el dinero de los contribuyentes, cosas que se suponía iban a ser erradicadas con el cambio de gobierno”, refirió.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana llamó a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral a asumir sus responsabilidades relativas a este tipo de propaganda.