Santo Domingo.– La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, realizó una visita este martes a la Procuraduría General de la República para poner en conocimiento de ese órgano la situación relacionada con ciudadanos denunciantes de presuntos actos de corrupción administrativa y fortalecer la coordinación interinstitucional en torno al caso.
Esto ocurre tras las revelaciones en «El Informe con Alicia Ortega», donde se expusieron denuncias de presunta corrupción administrativa dentro de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Monseñor Nouel (Coraamon), incluyendo facturas por materiales de ferretería que supuestamente nunca llegaron al almacén, posibles comisiones irregulares y maniobras internas para encubrir la situación. Ortiz Bosch explicó que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) recibió en agosto de 2025 una denuncia sobre presuntas irregularidades en Coraamon.
Ministerio Público
Tras realizar los levantamientos preliminares, la entidad determinó que los hechos descritos correspondían a una posible materia penal, por lo que el expediente fue remitido al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en cumplimiento de lo establecido por la Ley 133-11.
La funcionaria indicó que su visita a la Procuraduría responde además a la preocupación institucional ante la posibilidad de que denunciantes o testigos enfrenten represalias administrativas o judiciales. En ese sentido, consideró necesario alertar formalmente al órgano responsable de la persecución penal para que tome en cuenta la situación de estas personas dentro del proceso investigativo.
Las denuncias se centran en supuestas facturaciones de materiales de ferretería que, de acuerdo con exempleados de Coraamon, nunca habrían sido recibidos en el almacén de la institución. Uno de los denunciantes, quien fungía como encargado de almacén, aseguró que comenzó a detectar facturas por montos que iban desde decenas hasta cientos de miles de pesos por artículos que no ingresaban físicamente, lo que lo llevó a conservar copias de documentos y evidencias que posteriormente entregó a las autoridades.
Según su testimonio, tras presentar la denuncia ante la Digeig, comenzó a experimentar presiones y acciones que califica como represalias, incluyendo una querella en su contra por presunto robo de materiales. Otros exempleados también señalaron haber sido advertidos para que guardaran silencio sobre posibles actos de corrupción dentro de la institución. La querella por robo, interpuesta en diciembre, señala la sustracción de pinturas y otros insumos del almacén en horario no laborable.
Sin embargo, los acusados sostienen que sus funciones no tenían horario fijo y que con frecuencia debían acudir a cualquier hora para suplir materiales ante averías. Además, han surgido cuestionamientos sobre la coherencia de los videos de seguridad presentados como evidencia, debido a diferencias en fechas, secuencias de tiempo y detalles visibles en las imágenes. Ortiz Bosch informó que la Digeig trabaja en la elaboración de una propuesta normativa orientada a fortalecer los mecanismos de protección para denunciantes, informantes y testigos, como parte de los esfuerzos para consolidar una cultura de integridad y transparencia en la administración pública.
