Santo Domingo.- José Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, fue trasladado este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR), tras haber sido arrestado el día anterior al finalizar un extenso interrogatorio relacionado con su presunta vinculación en una red de corrupción y crimen organizado.
El abogado de Gómez, Carlos Balcácer, señaló que la reunión con el Ministerio Público podría extenderse varias horas. «Vamos ahora a la Procuraduría y quizás la entrevista se prolongue por varias horas, o tal vez terminemos en 10 minutos», indicó Balcácer, subrayando la incertidumbre sobre la duración del encuentro.
De acuerdo con un documento Gómez es señalado como el principal beneficiario económico del esquema de corrupción, controlando fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia a través de su empresa Aurix S.A.S.. Además, se le acusa de movilizar fondos obtenidos ilegalmente a través de las empresas Transcore Latam y Dekolor SRL, para presuntamente realizar lavado de activos.
Entre las acusaciones más destacadas se encuentra un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, así como un acuerdo ilegal con el Ministerio de Defensa firmado en junio de 2020, que permitió la usurpación de funciones de inteligencia y defensa del Estado. Además, se le vincula con el sabotaje de la red semafórica ocurrido en agosto.
En el marco de la operación «Camaleón», siete personas han sido detenidas, incluyendo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y a varios exfuncionarios de la entidad. Entre los arrestados figuran Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico de esa institución y socio de Gómez; y Carlos José Peguero Vargas, acusado de desviar fondos adjudicados a Transcore Latam mediante la empresa Insoprol SRL.
El Ministerio Público presentará en las próximas horas las medidas de coerción contra los implicados, quienes enfrentan cargos que incluyen desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, contrabando, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad, entre otros.
