SANTO DOMINGO.— El nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entrará en vigor el próximo 6 de agosto de 2026, incorpora cambios sustanciales en el sistema de justicia, incluyendo el endurecimiento de las penas, la creación de nuevas figuras delictivas y la aplicación de sanciones complementarias dirigidas a profesionales implicados en actividades ilícitas.
De acuerdo con el análisis del abogado César Amadeo Peralta, la pieza legislativa introduce mecanismos que buscan frenar prácticas delictivas ejercidas desde distintas profesiones, estableciendo consecuencias más estrictas para quienes se amparen en su investidura para delinquir.
Entre las principales innovaciones se encuentra la posibilidad de revocar el exequátur a profesionales que utilicen su oficio, conocimientos o estructuras laborales para cometer delitos. Esta medida está contemplada en el artículo 251, en conjunto con los artículos 30, 34, 39 y 41 de la Ley 74-25.
La disposición establece que, además de las penas de prisión, los condenados podrán enfrentar el cierre temporal o definitivo de los establecimientos vinculados a la infracción, así como la inhabilitación para ejercer su profesión. En los casos más graves, se contempla la revocación definitiva del título habilitante otorgado por el Poder Ejecutivo.
El jurista sostiene que esta reforma corrige vacíos legales que históricamente dificultaban la aplicación de sanciones disciplinarias en algunos gremios profesionales, donde en muchos casos las medidas eran leves o no se ejecutaban con rigor. Señala que, salvo excepciones como el Colegio Dominicano de Notarios, la supervisión interna ha sido limitada.
El alcance de la medida impactará a diversos sectores. Ingenieros, arquitectos y agrimensores vinculados a fraudes inmobiliarios; médicos señalados por negligencia grave; abogados implicados en falsificación de documentos; y contables relacionados con lavado de activos, podrían perder de manera definitiva su derecho a ejercer.
Asimismo, la ley establece como penas complementarias el cierre de establecimientos por hasta tres años o de forma permanente, la inhabilitación profesional temporal (hasta cinco años) o definitiva, y la revocación de licencias o títulos públicos.
Peralta también advierte que el endurecimiento de las penas podría generar un aumento en la población penitenciaria, lo que implicaría retos para el sistema carcelario del país.
