La nueva regla del presidente estadounidense, Donald Trump, que obliga a solicitantes de la ‘green card’ a regresar a sus países mientras esperan una decisión migratoria, supone un nuevo golpe a la migración legal y puede afectar a más de medio millón de personas al año, advierten especialistas consultados por EFE.
La norma, implementada desde la semana pasada, impedirá a los migrantes que ya están el país realizar su ajuste de estatus migratorio (‘adjustment of status’) en Estados Unidos, por lo que deberán volver a sus naciones de origen para solicitar la llamada ‘tarjeta verde’ de residente en los consulados.
La medida, que rompe con una práctica aprobada por el Congreso desde 1952, «va a tener un impacto muy negativo en las vidas de verdaderamente millones de personas», expresó Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y política de inmigración del Economic Policy Institute (EPI).
«Va a complicar las vidas de mucha gente porque van a tener que salir de su trabajo. Si no pueden trabajar remoto en otro país, van a perder su trabajo, probablemente. Después de perder dinero, pueden estar separados de las familias por lo menos meses y, en muchos casos, tal vez la mayoría, por años», comentó.
¿Cuántos afectados?
Aunque no hay una cifra precisa de afectados por la medida, el investigador de EPI señaló que más de la mitad del millón de personas que cada año obtiene una ‘green card’ lo hace mediante el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.
El 58 % de los más de 1.35 millones de migrantes que obtuvieron la residencia legal en Estados Unidos en el año fiscal 2024, que alcanzó las 782,770 personas, lo hicieron así, según las últimas cifras oficiales disponibles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El mayor impacto será para migrantes con familia en Estados Unidos, alerta la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), pues la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos dentro de EE.UU.
La política también afectará a inmigrantes con empleos en Estados Unidos, trabajadores religiosos, beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) o ‘parole’ (permiso humanitario) y personas que han vivido mucho tiempo en el país, explicó Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, en una charla virtual con periodistas.
Además, el memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) es «muy vago», pues no aclara todos los tipos de migrantes afectados ni las excepciones, por lo que no es posible saber esto con exactitud, acotó Shev Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de AILA.
Pese a que el Gobierno ha dicho que esto solo requiere que los migrantes vuelvan a casa y soliciten la visa, Johnson tacha esto de «desinformación peligrosa».
«Esto no se trata de comprar un boleto de avión y esperar un poco más. Para mucha gente el proceso consultar no es realista o seguro y, para otros, puede significar meses o años de separación de esposos que son ciudadanos de EE.UU, hijos, empleadores y comunidades», consideró.
Un combate contra la inmigración legal
Las medidas reflejan que en la Administración Trump no «solo están atacando la migración ilegal», según Costa, quien cree que «es muy claro que quieren rebajar la inmigración legal y están tomando medidas para hacerlo».
Como ejemplo, cita el freno al asilo en la frontera con México, la remoción de los beneficios de TPS, la pausa en refugiados salvo para inmigrantes blancos de Sudáfrica y la suspensión al procesamiento de visados de inmigrantes para 75 países, incluyendo Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
Esto afectará a la economía, pues antes de la llegada de Trump casi uno de cada Silicon Valley o de los trabajadores en Estados Unidos era inmigrante, citó el experto del EPI, quien estima que el país perdería 6 millones de empleos, 40 % de ellos de estadounidenses, si el presidente cumple su meta de realizar cuatro millones de deportaciones.
«Esto va a tener mucho impacto económico negativo para todo el país y, combinado con los impactos que estamos viendo de la guerra de Irán, esto es otra cosa muy problemática para la economía», apuntó Costa.
