En estos momentos están interrogando en la Procuraduría General de la República (PGR) al doctor Eduardo Read, del Grupo Read, quien es investigado por firmar el contrato por miles de millones de pesos para la atención primaria en el régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Dicho contrato privatizó ese régimen de salud, el cual es público y es el que debe ser atendido en los hospitales, no en centros privados. Este escándalo fue destapado por el programa N Investiga, donde se detalla la estructura mafiosa que operaba en el SeNaSa durante la gestión de Santiago Hazim.
El doctor Read, de la Asociación Dominicana de Centros de Atención Primaria, está vinculado a la empresa Khersum, con la que Hazim firmó una adenda en el 2020. Hazim también modificó un acuerdo previo de 2016 para “ampliar la red de prestadoras y ofrecer mayores prestaciones” a 500 mil afiliados ahora del régimen subsidiado.
El Esquema de pagos y el riesgo fiscal
El programa N Investiga reveló que SeNaSa habría transferido sumas millonarias a prestadores privados sin que exista certeza de que los servicios fueron realmente brindados. Además, la investigación denuncia la falta de transparencia de la prestadora estatal al ocultar contratos clave con esos proveedores.
La línea de investigación del Ministerio Público revisa pagos por servicios médicos que podrían no haberse realizado y contratos adjudicados sin justificación en un periodo de cinco años, según confirmó el procurador adjunto Wilson Camacho.
Anteriormente, el SeNaSa solo pagaba por cápita (por persona afiliada), en lugar de servicios brindados, a la red pública para fortalecerla, pero no a prestadores privados.
El contrato bajo investigación establece que Khersum recibe una cápita fija de RD$130 por afiliado, equivalente a RD$65 millones mensuales o RD$780 millones al año, independientemente de cuántos servicios se presten en realidad. Este esquema genera un riesgo evidente de que el Estado esté pagando de más, como señaló el exministro de Economía Juan Ariel Jiménez:
“En los pagos capitados se supone que los centros de salud estén en responsabilidad de mejorar la salud de esas personas, pero eso es muy difícil monitorear. Es muy difícil monitorear si los centros están llamando a las personas para que vayan, si los están visitando en sus hogares”
Se estima que, a pesar de que la institución les paga por 500,000 afiliados, apenas del 30 al 35% de ese total acuden a recibir los servicios. Solo esta empresa, Khersum, recibió 3 mil millones 770 mil pesos por concepto de régimen subsidiado desde 2021 a 2025.
El problema de la atención primaria privatizada
La problemática principal radica en la privatización del servicio de atención primaria en el régimen subsidiado, el cual es financiado por el Estado para proteger a desempleados, discapacitados e indigentes. Este servicio, que abarca la prevención, tratamiento y rehabilitación, suele ser exclusivamente público en la mayoría de los países.
El contrato presentado, calificado como “sencillo y poco detallado”, no precisa los mecanismos de fiscalización, seguimiento o auditorías a los servicios. De hecho, cuando se consultó a SeNaSa sobre el centro de atención primaria asignado a un afiliado del Régimen Subsidiado, la respuesta fue que esa información estaba en la carta de afiliación y que la cobertura solo era en centros públicos.
Un recorrido con cámaras ocultas realizado por el programa de investigación en cinco «puntos médicos» contemplados en el contrato, de los 35 que tiene la empresa, solo encontró que el ubicado en Diamond Plaza tenía amplia disponibilidad de maquinarias y especialistas y un flujo visible de pacientes.
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